Por: : Rafael Jerez Moreno
Twitter: @RafaJerezHn
En las calles se observa gradualmente cada vez más a ciudadanos que regresan a sus actividades laborales y otros que se embarcan en la búsqueda de un empleo. Para cada hogar es una historia diferente. Abrir los comercios gradualmente fue una necesidad cuando quedó en evidencia que el Estado fue incapaz de responderle a sus ciudadanos. Pero, el que continúa cerrado, o al menos eso parece, es el Congreso Nacional. Cerrado… porque aparte de que todavía se mantienen las sesiones virtuales, pareciera que no se permiten los disensos, el debate real y la “apertura” al clamor ciudadano.
Para este período de gobierno, la atención se concentró, en gran medida, en el Poder Ejecutivo, por las razones que todos conocemos. Esa distracción, y el surgimiento de la pandemia, fueron idóneos para ciertos diputados y diputadas, permitiéndoles aprobar y reformar leyes exclusivamente tendientes a protegerse a sí mismos. ¡Nada nuevo!, la mascarilla legislativa. Fondos departamentales, la salida de la MACCIH, el nuevo Código Penal, reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, en fin, diarrea de impunidad.
En principio, fue comprensible la suspensión de las sesiones cuando inició el confinamiento, así como la procedencia de las sesiones virtuales para dar continuidad a la agenda legislativa. Pero, lo que es una herramienta para unos, se convierte en un arma para otros. La digitalización de las sesiones significó un control desproporcionado de la Junta Directiva del Congreso en la concesión del uso de la palabra y la arbitrariedad en la aprobación de mociones y proyectos. Esto no es una sorpresa cuando este poder del Estado es catalogado como la institución más corrupta en Honduras según el Índice de Estado de Derecho 2020 del World Justice Project.
La nueva Ley Electoral sigue sin aprobarse y viene la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2021, todo esto en un Congreso que continúa en cuarentena, pero algunos de sus diputados ya andan en campaña política, formulando promesas que dicen que cumplirán el próximo período legislativo, que han sido incapaces de cumplir en este. Sin mencionar algunos que desde la función parlamentaria le han servido a la corrupción, quieren aspirar a la Presidencia de la República. La permisibilidad de la democracia.
No todos las y los congresistas son así, es preciso reconocerlo. En mi experiencia, he podido comprobar que en algunos parlamentarios todavía se prima la decencia, el profesionalismo y el interés por hacer el bien. Es irónico que sean una minoría, ¿elegimos mayorías parlamentarias para que legislen en contra de la ciudadanía? Debemos analizar nuestra corresponsabilidad en ello.
¡Que regresen a sesionar presencialmente!, como dicen algunos de ellos, “con todas las medidas de bioseguridad”, y también, con la obligación de reconocer públicamente cuáles son los acuerdos que supuestamente “se cayeron” para aprobar la nueva Ley Electoral. La campaña se la pagan los partidos y sus donantes -los buenos y los malos- pero el salario se los paga el soberano, el que cada día se sigue preguntando ¿dónde está el dinero?, y ¿dónde están sus representantes?
