DE cada cien dólares que entran a la economía, 46 provienen de las remesas familiares. Pese al bajón, cuando inició la pandemia, ahora lo que mandan nuestros compatriotas inmigrantes a sus familiares, está en franca recuperación. El impacto negativo del confinamiento en los trabajos y en los salarios no ha desalentado a los inmigrantes a enviar dinero a sus parientes. Gastan en lo indispensable y el resto lo ahorran previendo cualquier eventualidad desfavorable. Pero no dejan de mandarle a sus seres queridos las mismas cantidades de antes. De forma tal que a principios del mes pasado los recursos enviados ascendían a los $3 mil 700 millones. De proseguir la tendencia, el monto de las remesas este año puede incluso llegar a superar lo del año pasado. Lo menos que quisiera toda esta gente luchadora residente en el exterior, propuesta a superar esta temporada adversa y lidiar con el endurecimiento de las medidas migratorias en el lugar donde viven, es otro escándalo migratorio.
Inmediatamente su presencia allá se convierte en noticia, crece la persecución de la autoridad migratoria y la hostilidad pública hacia ellos. Sin embargo, meses atrás advertimos sobre el estruendo de nuevas avalanchas. En la medida que la economía doméstica se hunda y crece la desocupación, la gente desesperada sale en busca de remedio. Nadie se detiene a reflexionar sobre qué mayores inconvenientes podría esto representar en los que ya se fueron u otras aristas del fenómeno migratorio. Cada cual vela por interés propio, y cuando la necesidad obliga, emigrar se vuelve un impulso instintivo de la subsistencia. Ya comenzaron a organizarse caravanas con rumbo al norte. Precisamente ahora cuando la campaña electoral en los Estados Unidos está al rojo vivo. Desgraciadamente una vez que trascienda la noticia sobre el peregrinaje y haga grandes titulares, va a colocar el tema migratorio nuevamente en la primera línea del debate político. El primer tapón será el vecino país. Allá toparán con fuertes controles de seguridad. Para ingresar van a exigirles una prueba clínica de no contagio del coronavirus. Desde que se fueron las primeras caravanas, las trabas para ingresar cada vez son mayores. Los gobiernos del Triángulo Norte suscribieron tratados de “cooperación de asilo” con Washington, modificando las reglas del juego. El gobierno mexicano habilitó un programa “esperar en México” que obliga a todo el que cruce la frontera norte regresar a territorio mexicano a esperar la resolución judicial a su solicitud de asilo. AMLO, temeroso a las sanciones arancelarias de POTUS se comprometió a cortar de tajo el flujo migratorio.
Así que todo el territorio mexicano –con retenes de seguridad y miles de guardias nacionales comisionados a lo largo del trayecto para atajarlos– es el equivalente de un muro inmaterial. Ahora el Instituto Nacional de Migración (INM) del gobierno mexicano ha lanzado advertencia sobre sanciones y hasta 10 años de cárcel para extranjeros que “ingresen al país sin medidas sanitarias derivadas del SARS-CoV-2”. “El Código Penal Federal y los códigos penales de Chiapas y de Tabasco (estados fronterizos del sureste del país) prevén penas de 5 a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio la salud de otro”. Allá desapareció el sentido de solidaridad hacia los viajeros atormentados. La tal nueva política anunciada por esta administración de humanidad y respeto a los derechos humanos de los migrantes, quedó en papel mojado. “Activistas han advertido del hacinamiento en las estaciones migratorias en México”, posiblemente para congraciarse con su poderoso vecino. Las deportaciones de compatriotas se han multiplicado, sin mayor consideración a penurias en medio de la peste sanitaria. Razón por la cual, la prioridad nacional es proteger el empleo y la masiva generación de fuentes de trabajo.
