EL CONTAGIO Y LAS ALARMAS
“MADRID, 15 Ene. (EFE). Los nuevos impuestos que gravan algunos servicios de las grandes tecnológicas entran en vigor este sábado en España”. “El impuesto sobre determinados servicios digitales, con el que se espera recaudar 968 millones de euros (1,204 millones de dólares) este año, grava con un 3% algunos de los ingresos de las grandes tecnológicas”. “En concreto, el tributo apunta a los ingresos obtenidos de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario”. Como decíamos ayer, en todas partes están adecuando su legislación para abarcar la explotación de las nuevas tecnologías de sus mercados nacionales, menos aquí. Se dieron cuenta que es desleal a la industria nacional de la comunicación, que mientras los gigantes tecnológicos explotan los mercados locales sin pagar una tan sola contribución al país, los medios convencionales pagan tributos por sus operaciones domésticas. Los medios de comunicación pagan todo tipo de impuestos por sus ingresos publicitarios, 2 por volumen de ventas, al fisco y a la municipalidad, activo neto, utilidades si las tienen, entre otros.
Una absoluta práctica de competencia desleal hacia lo nacional ya que la publicidad que transmiten por redes sociales con cobertura en el mercado local no paga nada. ¿De dónde creen que obtienen sus millonarios ingresos las empresas gigantes que operan sus portales digitales desde Silicon Valley? El país no recibe un centavo por el usufructo del mercado doméstico. Mientras, las empresas nacionales deben de proporcionar sus servicios al público con semejante desventaja en sus costos de operación. Así que la legislación debe ser pareja. O gravan a aquellos o le quitan la carga a los nacionales. Todos en el suelo o todos en la cama. (Ya antes dijimos, si esta crisis que tiene moribunda la economía no se utiliza para revisar el sistema disfuncional en todos sus aspectos, –ya que para recuperar lo perdido y reactivar los mercados, no basta andar con la mano extendida pidiendo préstamos a los bancos internacionales– no habrá nada peor que venga capaz de despabilar el ingenio nacional). La intentona de golpe en el Capitolio pone a descubierto otro aspecto del problema. Los gigantes tecnológicos hasta ahora –después del trueno Jesús María– en mea culpa reaccionan cerrando cuentas. ¿Hasta ahora reparan en el efecto que tiene a la estabilidad democrática e institucional del país ese rociador tóxico de todo lo transmitido por sus portales digitales? ¿Ninguno pudo adivinar el nocivo desenlace de una narrativa engañosa e inflamatoria propalada repetidamente –día, tarde y noche– desde el púlpito por excelencia, más influyente de la nación?
¿Ninguna pista tuvieron que permitiese deducir lo que venía? ¿De un mismo patrón de conducta y de otros hechos anteriores? Quizás no se mosqueen ya que la ley les da un blindaje de asumir cero responsabilidad por la publicación –sea información falsa, peligrosa a la sociedad o cuestionable– de terceros. Hay un debate abierto sobre lo que vulnera la libertad de expresión y hasta dónde deben asumir alguna responsabilidad por las transmisiones los que cuelgan información dañina a la sociedad, ofensiva, lesiva al honor y a la dignidad personal. El caos en Washington ofrece nuevos elementos a la discusión. La ley nacional, que regula la emisión de pensamiento, antes que siquiera soñasen con Internet, contempla disposiciones de previa censura en aspectos lesivos a la sociedad o a la seguridad nacional. No hay tal coraza para los medios de comunicación convencionales. Así que si no lo hay en cuanto respecta a los medios de comunicación nacionales ¿por qué no ha de haber regulación –que no vulnere la libertad de expresión– en lo atinente al universo de lo que se transmite? El uso de esos portales trasciende el escenario del lugar donde tienen sus sedes de operación. Esos son vehículos de comunicación que traspasan las fronteras domésticas desde donde operan y extienden sus tentáculos al mundo entero. Por ello varios países ya han legislado para regular la explotación que esos portales realizan de sus mercados nacionales. No hay duda que los avances tecnológicos en las comunicaciones ofrecen una fuente valiosa para recibir y divulgar información. Y sobre todo de entretenimiento. Sin embargo, también es medio para regar odio, propagar basura y lastimar el honor de víctimas inocentes. Sin que nadie sea imputable por la responsabilidad de los daños ocasionados. Repetimos lo dicho en editorial anterior. El asalto al Capitolio es un aldabonazo a la conciencia. Un llamado a la defensa de los valores éticos que han estado bajo intenso ataque.
