CON la esperanza puesta en la vacuna, todos los pueblos del mundo anhelan que el presente año sea un poco mejor que el anterior. Dentro del concierto de las naciones desarrolladas, medias y atrasadas, se encuentra nuestro pueblo, que a pesar de los contratiempos y calamidades, le asiste el derecho de aspirar a una calidad de vida en donde se conjugue la tranquilidad y la confianza entre los individuos, las comunidades y sus dirigentes locales, subregionales y nacionales.
Ninguna sociedad puede avanzar segura bajo el signo de la desconfianza. Mucho menos en donde sea atropellada la dignidad del hombre por causa de sus bajos ingresos, sus creencias, sus opiniones y sus convicciones democráticas autónomas. Cuando hay confianza social e institucional, las desgracias suelen ser neutralizadas con algún grado de facilidad, incluso en medio de los desastres y de las guerras disruptivas.
En nuestro caso, los hondureños, a pesar de la pandemia y de otras adversidades concomitantes, necesitan seguridad en distintas direcciones. Seguridad frente a la violencia criminal que, aunque sus índices hayan disminuido en los últimos dos años, sigue flagelando a nuestra sociedad. También se requiere seguridad en el equilibrio de los precios de la canasta básica y en las probabilidades de conseguir empleo en la pequeña, en la mediana y en la “gran” industria, incluyendo la hostelería y otros andamiajes más o menos turísticos. Seguridad, además, en los trámites legales que se realizan hasta para montar un micronegocio, ya que en otras partes del mundo dicho trámite específico es instantáneo.
Pero aparte del sustento diario, del pago del agua, de la luz y de la renta, el hondureño continúa, durante el mes de enero del año en curso, acorralado por la pandemia, como también ocurre en Estados Unidos y varios países de Europa, en donde los rebrotes se han vuelto a agudizar por causa de las fiestas y los descuidos. Digan lo que digan, además de los gobiernos, los responsables también son los mismos ciudadanos que han irrespetado las normas básicas de bioseguridad, con la práctica denunciada de contaminar a los niños y a los adultos mayores, aun cuando estos últimos se encuentren encerrados en sus casas.
Ahora que comienzan las matrículas para el nuevo año escolar, es imprescindible continuar con las clases virtuales en los niveles primarios, secundarios y universitarios. Nada justifica que se impartan cursos presenciales en ninguna instancia privada o estatal, pues lo más importante es la vida, en tanto que los estudiantes, sean jóvenes o maduros, corren el riesgo de contagiarse y retornar a sus hogares a contaminar a sus parientes de alto riesgo. Después los hospitales colapsan, y la responsabilidad es compartida por las instituciones públicas y privadas que permiten las aglomeraciones.
Un caso particular que debe ser señalado, es que en los autobuses urbanos e interurbanos, nadie respeta el distanciamiento físico. La gente se sube a esas unidades de transporte, por prisa y a veces por extrema necesidad, sentándose unos casi encima de los otros. Y ninguna autoridad vigila y sanciona eso. Más bien los dueños millonarios de varios autobuses continúan pidiendo subsidios a cambio de un pésimo servicio y de poner en peligro la salud y la vida de los usuarios. Este problema se traduce como inseguridad individual y colectiva, y nadie hace nada, a fin de resolverlo.
A la seguridad integral en medio de la adversidad, se le debe añadir el concepto de confianza que debiera desprenderse de las cabezas de los dirigentes de diversos ámbitos de la vida comunitaria. Todos tenemos una cuota de responsabilidad en aquello que atañe al malestar o al bienestar de la sociedad catracha, unos más que otros, por supuesto. Pero especialmente aquellos que tienen acceso a la toma de decisiones concretas en cualquier tinglado de la geografía humana nacional. Incluso habría que reconsiderar la necesidad perentoria de volver al “teletrabajo” en varias instituciones.
