La crisis político institucional de 1985 y su relación con la situación político electoral del 2021

Por: Ernesto Paz Aguilar

Origen de la crisis. En el año de 1985, los cortesanos de palacio alegaban que el presidente Suazo Córdova había sido elegido bajo el imperio de la Constitución de 1965, que establecía un mandato presidencial de seis años: en consecuencia, le correspondían dos años más en el poder. La trama continuista avanzó al impedir la celebración de elecciones internas ordenadas por la ley. Además, el gobierno logró dividir al opositor Partido Nacional y colocó a marionetas a dirigirlo, lo mismo ocurrió en el Partido Liberal.

La mediación militar. Las FF AA bajo el mando del general Walter López Reyes comenzaron a mediar en la crisis. Las organizaciones obrero-campesinas, con la luz verde de los militares tomaron la iniciativa. De esa manera, se logró reunir en 24 horas a representantes de 49 organizaciones obrero-campesinas del país. Las reuniones de trabajo se realizaron en la Sala de Guerra del Cuartel General de las FF AA, durante cuatro semanas.

La amenaza del golpe de Estado. En esa oportunidad, “algunos dirigentes campesinos, propusieron dar un golpe de Estado en vista que los políticos no se ponían de acuerdo y el general López Reyes, rechazó la propuesta, escribió Sigfrido Burgos, autor de la obra “La crisis institucional de 1985 y el futuro de los procesos electorales” (Burgos, 1990:16). Estoy consciente, continúa diciendo Burgos, que “la alternativa “B” no era la mejor opción, pero fue la salida para evitar un nuevo golpe de Estado”.

Acta de compromiso o Pacto de la Fuerza Aérea. Dicho documento fue un acuerdo político entre las fuerzas políticas y sociales con la mediación de las Fuerzas Armadas. La alternativa “B” fue la solución a la crisis ante la imposibilidad de llevar a la práctica la alternativa “A” que consistía en la celebración de elecciones internas como lo establecía la ley. La alternativa “B” fue propuesta por Burgos, en su condición de asesor de las FF AA en asuntos obrero-campesinos, y plasmada en el punto 4 del Acta de Compromiso que dice: “En torno al numeral 4 de los referidos documentos en lo tocante a las elecciones internas, la alternativa “B” contempla las elecciones internas y generales el 24 de noviembre de 1985 para elegir autoridades supremas, diputados y corporaciones municipales, al efecto, el Congreso Nacional emitirá de urgencia la legislación que regulara dicho proceso con la participación de todos los sectores involucrados”.

La sumatoria de votos. Burgos afirma que en ningún momento se acordó la sumatoria de votos, lo cual es cierto, pero se utilizó el término de simultaneidad de procesos (internas y generales) que para tales efectos es sinónimo a sumatoria de votos en todos los niveles de la elección. La sumatoria de votos deriva de la simultaneidad de los procesos, asumiendo que el elector por un solo acto ejerció el sufragio de manera simultánea para las internas y generales. En la teoría política se conoce con el nombre de sistema de Doble Voto Simultaneo (DVS) y que en Uruguay se llama Ley de Lemas. Por un accidente participé en el análisis del problema, cuando un domingo visitaba a mi compadre el doctor Efraín Moncada Silva, quien fungía como asesor del Congreso Nacional.

El Decreto 159-85 del Congreso Nacional fue la traducción jurídica del Acuerdo Político. Acatando lo convenido en el Acta de Compromiso, el Congreso Nacional emitió el Decreto No. 159-85 de 19/09/85 que estableció: “Para la elección de presidente de la República y designados… se declarará electa la nómina del partido que haya alcanzado el mayor número de votos… Se declararán electos presidente de la República y designados, al candidato a la Presidencia y designados que alcance la mayoría de los votos dentro del partido que obtenga el mayor número de sufragios”.

En las actuales circunstancias, la propuesta de la opción “B” es improcedente e inviable. En 1985 la opción “B” se produjo porque el partido de gobierno no permitió elecciones internas. En el 2021, las elecciones internas y primarias han sido las más concurridas de la historia, pese a la pandemia de la COVID-19 y las catástrofes naturales. La opción “B” fue un mecanismo excepcional, único e irrepetible, para resolver una crisis político institucional que involucró a varios poderes del Estado. Transcurridos treinta y seis años, la opción “B” es percibida como un recuerdo doloroso del pasado; en cambio, la Segunda Vuelta Electoral es una tendencia irreversible e inevitable en América Latina.

En vista del obstruccionismo del Congreso Nacional por la no aprobación de la nueva Ley Electoral, la solución de la crisis podría ser la implementación de la Segunda Vuelta Electoral (SVE), a través del Consejo Nacional Electoral, con base en el artículo 180 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (mecanismos especiales de votación y escrutinio) vía Resolución del Pleno. En definitiva, que decida el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios.

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