Estados Unidos y Unión Europea cuestionan proceso electoral en Nicaragua
Por: José Rolando Sarmiento Rosales
Aunque no somos partidarios de la intervención extranjera en asuntos internos de los países, pero existiendo lineamientos trazados desde los organismos de Naciones Unidas, sobre la observancia de los derechos políticos y humanos en los países del mundo, que forman parte intrínseca de las libertades de los pueblos y los regímenes democráticos, nos preocupa lo que ocurre en nuestros cercanos vecinos de Nicaragua y El Salvador, no solo porque son pueblos hermanos, sino porque todo lo que implique confrontaciones políticas, desentendimientos y descontentos, incide en nuestra propia seguridad nacional, en la economía por los intercambios comerciales que tenemos, pero también porque en los no tan lejanos tiempos de los conflictos armados, tuvimos que soportar una ola de miles de refugiados y la indirecta participación con la presencia de la denominada “contra” nicaragüense en la zona fronteriza de Yamales, Español Grande y Arenales en El Paraíso, o la infiltración de guerrilleros salvadoreños en los puntos fronterizos de Intibucá y Lempira, donde se ubicaban campamentos de refugiados.
Precisamente la situación interna de Nicaragua que comenzó con la ola de protestas reprimidas por los cuerpos de seguridad, seguido de las centenares de detenciones de opositores y el cierre de algunos medios de comunicación, más la aprobación de leyes dedicadas al castigo de los participantes en las marchas multitudinarias, que hoy culminan con una serie de acusaciones en tribunales contra la principal contendiente política, la señora Cristiana Chamorro, a quien judicialmente han ordenado su detención, lo que se interpreta como una sucia maniobra para impedirle su candidatura presidencial en las elecciones a realizarse en noviembre en Nicaragua, provocando reacciones de gobiernos como el de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Estados Unidos prepara sanciones contra Nicaragua como represalia por el arresto de la opositora y candidata presidencial, Cristiana Chamorro, bajo prisión domiciliaria desde el miércoles, adelantó a la Voz de América un funcionario de alto rango de la Casa Blanca. El gobierno del presidente Joe Biden, “definitivamente” planea usar una ley aprobada por el Congreso en el 2018 -conocida como Nica Act- que permite imponer sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses, dijo a la Voz de América Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
EE UU pidió la inmediata liberación de Chamorro, después de que parte de la comunidad internacional rechazara la detención de la política, quien lidera las encuestas como la favorita para derrotar al presidente Daniel Ortega en los próximos comicios generales programados para noviembre. González dijo que EE UU está en “conversaciones” con gobiernos de Europa y Latinoamérica que “comparten la preocupación” por la situación en Nicaragua, para no “responder de manera unilateral”.
Un grupo de eurodiputados expresaron su preocupación por los últimos acontecimientos políticos en Nicaragua, como la detención de Cristiana Chamorro, la principal opositora en el país por orden de un juez, así como el allanamiento al medio Confidencial, y la cancelación de personerías jurídicas a partidos críticos al presidente Daniel Ortega. En una misiva enviada al jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, pidieron que de continuar “la situación de violación a los derechos humanos y libertades fundamentales”, se suspenda el acuerdo de la Unión Europea con Nicaragua. Los eurodiputados manifestaron que Ortega no ha dado muestras de querer realizar un proceso electoral transparente en las elecciones previstas para el 7 noviembre en Nicaragua, y por el contrario “las reformas electorales, aprobadas en la Asamblea Nacional, no responden a los parámetros establecidos por la comunidad internacional”.
Los eurodiputados señalan que la escogencia de un Consejo Supremo Electoral, cuyos magistrados son militantes y simpatizantes del Partido Sandinista; el despojo arbitrario de la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática, único vehículo electoral con el que contaban las organizaciones de la Coalición Nacional, entre otras medidas “demuestran que así solo participarán en las elecciones los partidos y personas decididas por el régimen de Daniel Ortega”. Indican que “pareciera que el objetivo de Ortega es seguir los pasos de dictadores y tiranos populistas de la región e intentar permanecer en el poder a costa de la libertad, la justicia, la prosperidad, y la democracia en su país”.
La carta que cuenta con la firma de trece eurodiputados de Vox, Ciudadanos y PP, advierte que “es esencial que la Unión Europea, ahora más que nunca, tienda su mano al pueblo nicaragüense y condene de inmediato las actuales condiciones que llevarán a un fraudulento proceso electoral, ante el cual no enviará misión de observación electoral si no cumple con las garantías mínimas para que se lleve a cabo”.
