OTRO revés para los compatriotas –e igual para infinidad de inmigrantes de otros países– que viven en los Estados Unidos. La Corte Suprema, por unanimidad, cerró las puertas a la posibilidad de residencia permanente a los ubicados allá por razones humanitarias. “La jueza Elena Kagan escribió en el fallo que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que ingresaron al país sin permiso y ahora están bajo el Estatus de Protección Temporal solicitar “green cards” para permanecer en el país de forma permanente”. Pues bien, esa es la decisión de los jueces contra la cual no cabe ni recurso de pataleo. Sin embargo –y poco podría importar al sistema jurídico norteamericano que estemos o no de acuerdo con el fallo– los originarios de otros países que se inscribieron bajo el régimen del TPS, no son indocumentados. El TPS fue una autorización –si bien temporal, pero licencia– a permanecer legalmente en los Estados Unidos.
Claro que es debatible y hasta objeto de litigio si estos inmigrantes no tienen un derecho adquirido. Desde el momento que el país anfitrión los dota de credenciales legales para residir y trabajar. No son indocumentados. Se registraron y tramitaron su solicitud de permanecer en los Estados Unidos bajo el régimen de protección especial. Pero, sumado a ello han venido renovando la autorización de permanencia, debido a que el país la ha prorrogado. O sea que la temporalidad, con el correr de los años fue adquiriendo estatus de permanente. Pasan ya más de 22 años de ello y de prórrogas consecutivas. Aparte de lo anterior, la situación de precariedad en los países de origen –por las cuales salieron y virtud de ellas les concedieron refugio humanitario– aún subsisten. Incluso, podría argumentarse que han empeorado. El cable de AP procedente de Washington erróneamente refiere que “en 2001, Estados Unidos otorgó a los migrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país después de una serie de terremotos en El Salvador”. “Los ciudadanos de otros países que se han acogido al EPT son: Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen”. Sin embargo, el TPS fue otorgado antes del 2001, –no como refiere el texto del cable– y después que el huracán Mitch azotó Centroamérica”. Fue por gestión del gobierno hondureño de aquel entonces, –primordialmente para amparar ciudadanos que emigraron sufriendo esa calamidad– cuyo beneficio fue extensivo a otros nacionales centroamericanos y caribeños.
Los terremotos en El Salvador fueron siniestros posteriores a esta primera catástrofe natural –al diluvio del siglo– que se ensañó principalmente contra el territorio de Honduras desparramando su geografía en pedazos. La otra avenida que quedaría abierta a los inmigrantes residentes en los Estados Unidos es la reforma a la ley migratoria. Sin embargo, otra vez eso es un albur. Unas son las buenas intenciones de la Casa Blanca que tuvo la iniciativa, y otra cosa lo que dispongan en el Legislativo. Parecido sucedió en el primer término de Obama cuando los demócratas tuvieron el control de ambas cámaras, con toda la posibilidad de pasarla. No sucedió. La reforma migratoria fue postergada. Dieron prioridad a la reforma de salud propuesta por el Ejecutivo. Y lo otro –la política inmigratoria– durmió el sueño de los justos. Los demócratas perdieron la mayoría en la cámara alta y de allí en adelante la tal propuesta de reforma migratoria se empantanó en diferencias políticas de demócratas y republicanos. Los inmigrantes han sido trompo de ñique de la controversia en las campañas electorales. Su ansiedad –sin saber a qué atenerse en su incierta situación– por lo que se ve, es lo único permanente.
