Por: Edmundo Orellana
La UNAH presentó acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley de las ZEDE que atenta contra la disposición constitucional que confiere a aquella la atribución exclusiva de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, apoyada por el Consejo de Educación Superior, integrado por las universidades públicas y privadas del país.
Difícilmente la Sala de lo Constitucional podrá argumentar racionalmente contra esta pretensión de la UNAH, producto del análisis científico-jurídico de la academia. Sin embargo, no necesita de ese tipo de argumentos para declarar sin lugar acciones de este tipo, como lo demostró cuando decidió las acciones de inconstitucionalidad en el caso de la reelección y de las leyes de impunidad. Porque su misión es defender las leyes que interesan al gobierno, aunque estas sean manifiestamente inconstitucionales; en otras palabras, su misión no es defender la Constitución sino defender al gobierno atropellando la Constitución, si es necesario. Para ello, le basta invocar su autoridad, ignorando los valores, principios y reglas constitucionales. Su criterio es la norma superior a la que se subordina el ordenamiento jurídico, incluida la Constitución. Los absurdos legales se defienden con los absurdos judiciales.
Aunque esté impecablemente sustentada la acción y la pretensión sea legalmente procedente, la Sala de lo Constitucional, si ese es el interés del gobierno, la declarará sin lugar. Para eso, según la máxima a la que se apega el gobierno, es el poder; para ejercerlo arbitrariamente. Pero las autoridades universitarias tendrán la satisfacción de haber cumplido con su deber constitucional y cívico.
Es la misma técnica aplicada a cuanta garantía de inconstitucionalidad se interpone contra la normativa de las ZEDE, para proyectar la apariencia de que ese perverso proyecto de ceder soberanía y territorio es irreversible, para tranquilidad de los empresarios que se animan a invertir en las mismas. Pese a ese blindaje de la reforma constitucional que dio vida a las ZEDE y la ley que las regula, su vulnerabilidad se manifiesta en su aplicación, porque las ZEDE creadas hasta ahora no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.
Ninguna de estas fue aprobada por el Congreso Nacional, como ordena la Constitución y la ley, tanto en el caso de las áreas de baja intensidad como en las de alta intensidad. Su acto fundacional está, por tanto, viciado de nulidad porque viola flagrantemente la Constitución y la ley que las regula. Lo que no ignoran los empresarios que ya operan en esas áreas.
No lo ignoran porque es tan evidente que no se necesita ser abogado para saber que sin ese requisito no pueden operar. Además, nadie puede alegar, según nuestro ordenamiento jurídico, ignorancia de la ley, que, en el caso de los empresarios, debe agregarse que ninguna inversión se lleva a cabo sin que previamente se verifique la viabilidad del proyecto, particularmente su viabilidad legal, es decir, se analiza exhaustivamente el ordenamiento jurídico aplicable a efecto de conocer todo lo pertinente. Y la ley que regula las ZEDE es de aquellas que “interesan al orden público”, por lo que no podrá eludirse ni modificarse por convenciones entre particulares. Por consiguiente, ningún empresario de los que operan en esas supuestas ZEDE puede invocar a su favor que desconocía ese requisito legal. Lo que aplica tanto al empresario como al banco que lo financia.
¿Qué clase de empresarios son estos que invierten en esas ZEDE a sabiendas del vicio de nulidad que afecta su acto fundacional? Es evidente que no buscan seguridad jurídica, porque no la obtendrán de quien ilegalmente los autoriza a operar. De ahí, que el llamado del COHEP a sus afiliados en el sentido de no invertir en las ZEDE por el riesgo que implica, es una terrible advertencia de que la buena fe no podrá presumirse en estos casos.
Sus abogados, seguramente también les advirtieron de los riesgos y, sin embargo, se empeñan en seguir adelante. En caso de revertirse este antipatriótico proyecto del gobierno, nada de lo que aleguen, desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico y de la ética empresarial, podrá borrar estos hechos irrebatibles.
La acción de inconstitucionalidad presentada por la UNAH es un hecho sin precedentes en el país, porque es la primera vez que la academia (las universidades del país aprobaron la acción) acude a sede judicial a exigir el respeto al mandato constitucional que reconoce como competencia exclusiva de la UNAH la organización, dirección y desarrollo de la educación superior y profesional. Como también es un hecho sin precedentes que este gobierno, demostrando su desprecio por el país, se empeñe en entregar soberanía y territorio a extranjeros.
Aplaudamos la patriótica iniciativa de la UNAH y condenemos el antipatriotismo del gobierno y el oportunismo de aquellos que pretenden sacar provecho de esa perversa actitud del gobierno, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!
