Detención judicial al alcalde de Talanga y 4 de sus familiares (Video)
Los cinco encausados, acusados por el delito de lavado de activos.
El juez con Jurisdicción Nacional envío a cumplir la medida de la detención judicial al actual alcalde de Talanga, Roosevelt Aviléz López, a las celdas del Primer Batallón anexo a la Penitenciaría Nacional en Támara.
La determinación anterior fue tomada en la audiencia de declaración de imputado realizada ayer en el despacho judicial que se encuentra al interior del Fuerte Cabañas, en la que el edil y cuatro de sus familiares, quienes fueron capturados el lunes, los trasladaron y presentaron al juzgado en mención; a todos se les acusa del delito de lavado de activos.
Dentro de las acusadas está Nancy Mareyil Santos Ríos, esposa del alcalde y candidata a diputada suplente por el Partido Nacional, Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fadde Saroginy Aviléz López y César Vladimir Leiva Ríos; suegra, hermana y cuñado de Aviléz respectivamente.
El juez fijó la audiencia inicial para el viernes 22 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana, asimismo, remitió a las mujeres señaladas en este proceso a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara. Mientras que, al cuñado del alcalde, fue remitido junto a él al batallón antes mencionado.
Según lo detallado por la Fiscalía y lo cual se encuentra plasmado en el requerimiento fiscal, el edil nacionalista no puede justificar ciento sesenta y cuatro millones, cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro lempiras con 86/100 (L164,474,934.86), los cuales tampoco tiene relación con sus actividades generadoras de ingresos.
De igual forma, se efectuaron las capturas de la esposa de Aviléz, Nancy Mareyil Santos Ríos, por el mismo delito debido a que no puede justificar un origen legítimo de ciento cincuenta y siete millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y cuatro lempiras con 94/100 (L157,452,974.94).
ASEGURAMIENTO “REAL”
La captura de los cinco encausados fue en el marco del operativo “Real”, y la cual se ejecutó en Tegucigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés, en la que se efectuaron unos 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones a negocios, se realizó el aseguramiento sobre 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y 3 sociedades mercantiles, bienes que comenzaron a ser puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La DLCN recibió denuncia en fecha 23 de marzo del 2013 en contra del ciudadano Roosevelt Eduardo Aviléz López, en la cual se manifestó su supuesta participación en una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas, producto de la cual ha incrementado su patrimonio, y de la cual hacen parte varios miembros de su núcleo familiar. Cabe mencionar que el Ministerio Público recibió posteriores denuncias en los años 2014 y 2015.
Fue así que después de ejecutarse las diligencias investigativas dirigidas a identificar el patrimonio del denunciado y su núcleo familiar, se logró establecer la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado en relación a las actividades económicas generadoras de ingresos, pudiendo deducirse, en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas especiales de investigación empleadas, que dicho patrimonio proviene de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas. (XM)
“El tema de narcotráfico, una leyenda urbana mal contada”
La abogada Doris Imelda Madrid, quien defiende en esta causa al alcalde Roosevelt Aviléz López, expresó que ese tema del narcotráfico es un invento, es una novela barata o leyenda urbana mal contada, porque el lavado de activos, el delito precedente sobre el dinero a lavarse lo tiene que demostrar el Ministerio Público.
Lo anterior surge ante los señalamientos de la Fiscalía acerca de la participación de su representado en una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas.
Al respecto de la determinación del juez en aplicarle la medida de detención judicial a todos, la togada precisó que las resoluciones judiciales dictadas por juez competente se respetan, no se discuten, se cumplen, quien no esté de acuerdo como lo estuvimos se interponen los recursos judiciales que la ley nos faculta, reitero las resoluciones judiciales nos guste o no nos gusten”.
Indicó que “me causó impresión que el Estado como víctima no estuvo presente en la audiencia, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y recordemos que la lesión al bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos es la economía del Estado y la representación del Ministerio Público es a los intereses de la sociedad”. (XM)
