Cuanto antes, mejor; por unanimidad, óptimo
Carlos López Contreras
Hoy se cumplen dos meses desde la histórica reunión de los presidentes de Honduras y Nicaragua en la ciudad de Managua, con el fin de suscribir el Tratado de Límites del Bicentenario, mediante el cual Nicaragua reconoció el mar territorial y demás espacios marítimos que Honduras tiene, conforme al derecho internacional, en el océano Pacífico, y mediante acuerdo entre las partes en ejecución de la sentencia del 11 de septiembre de 1992, dictada por la Corte Internacional de Justicia en el contencioso terrestre insular y marítima entre Honduras y El Salvador con Nicaragua interviniendo. El Tratado de Límites del Bicentenario también contiene, como otro acto de ejecución de sentencia internacional la delimitación del mar territorial entre los dos países en el mar Caribe, conforme a la sentencia del 8 de octubre de 2007 dictada por la Corte Internacional de Justicia en el contencioso entre Nicaragua y Honduras sobre límites marítimos en dicho mar, encargando a las Partes que negociaran ese pequeño segmento de la línea decidida por la Corte, al tomar en cuenta la inestabilidad de la desembocadura del río Coco.
Como puede observarse, estamos en presencia de dos delimitaciones marítimas que las partes estaban obligadas a ejecutar en cumplimiento de dos sentencias internacionales. En tal sentido, conviene recordar que Honduras “proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional (Art. 16, párrafo 2, Constitucional).
Por otro lado, el artículo 11 de nuestra Carta Magna establece que también pertenecen a Honduras su mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental y que dicho artículo, en su párrafo 5 dispone que “En cuanto al océano Pacífico las anteriores medidas se contarán a partir de la línea de cierre de la bocana del Golfo de Fonseca, hacia el alta mar”.
Y eso es, exactamente, lo que establece el Tratado de Límites del Bicentenario a favor de Honduras: su mar territorial de 12 millas, su zona contigua, su zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las doscientas millas, conforme al derecho internacional.
Nuestra Constitución fijó claramente el objetivo estratégico más complicado que Honduras tenía en 1982, en materia de su política de soberanía territorial y marítima. El hecho de que pasaran veintinueve años desde dictada la sentencia de 1992 sin lograr ese objetivo, es prueba elocuente de su complejidad. Tan complejo que hubo dignatarios de gobierno que sentían frustración ante la resistencia de las otras partes a abordar la delimitación en el océano Pacífico y concibieron otras fórmulas para lograr un resultado similar. Pero funcionarios de Cancillería y de otras secretarías de Estado estrechamente vinculadas con temas de soberanía no renunciaron a buscar dicha delimitación, en gestión bilateral, tanto con personeros de El Salvador como de Nicaragua y presentación de escritos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Al final de un largo y paciente proceso, fue el gobierno de Nicaragua el que quiso ponerse al frente como país cumplidor de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia y, no solo suscribió el Tratado con Honduras el 27 de octubre del 2021, si no que su Asamblea Nacional lo aprobó por unanimidad al día siguiente de la firma y, el 29 de octubre, es decir dos días después de la firma, ya estaba publicado en el diario oficial del Estado.
Ha sido Honduras la que no ha observado la misma diligencia a pesar de referirse a dos tratados que ejecutan dos sentencias internacionales que nuestras Constitución califica como “de ineludible y validez y de obligatorio cumplimiento”.
Es claro que a la fecha de la firma estábamos en la víspera de una elección general y ciertos sectores consideraron que sería más prudente que se aprobara después de su celebración. Ha transcurrido un mes desde entonces, y ya no existe motivo para diferir la aprobación de un tratado esencial para nuestra soberanía territorial y marítima.
En política exterior hay que aprovechar las ocasiones propicias para consolidar metas acariciadas por muchos años en la definición de nuestra condición de Estado soberano.
Para perfeccionar el Tratado de Límites del Bicentenario y obtener su entrada en vigencia, deben cumplirse ciertos actos jurídicos formales: debe ser aprobado por el Congreso Nacional, promulgado por el Ejecutivo y publicado en La Gaceta, intercambiando los instrumentos de ratificación y, finalmente, depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.
La historia diplomática mundial nos revela que las situaciones internacionales pueden ser volátiles y que lo que un Estado ha logrado hoy, podría echarse a perder por falta de diligencia. Por tal motivo, sugiero respetuosamente que se apruebe el Tratado de Límites del Bicentenario, cuanto antes, mejor; y por unanimidad, óptimo.
