DA gusto enterarse que todavía hay gente con la que se puede discutir civilizadamente. Apartados de las burbujas de adictos a su frivolidad –robotizados por los algoritmos de los gigantes tecnológicos– que pasan rociando conflicto a la sociedad, esparciendo groserías, insultos y odiosidad. Triste que el auditorio no pueda disfrutar de debates útiles a su formación. Ni que haya interés siquiera de entablar polémicas sesudas sobre los verdaderos problemas nacionales que afligen a la población. (Esa posibilidad, de debatir contenido serio de cualquier asunto, demanda demasiado esfuerzo de políticos y de hablantines. Requiere de estudio y de la lectura a la que muchos de ellos son alérgicos. Más cómodo enzarzarse en discusiones elementales, que no exigen mayor conocimiento, aparte de una noción mundana y muy superficial. La creencia de muchos es que el dicterio es arma poderosa para amedrentar al enemigo. Y lo es, hasta cierto punto, ya que cualquier persona de cierto nivel de prestigio en la sociedad prefiere no tirarse al fango a responder improperios. La descalificación para dizque ganar la pelea –o dar rienda suelta a sus complejos– no requiere ni intelecto ni estudio alguno. Es la forma como se dirimen los altercados, –quien más grita o berrea traga más pinol– en los cenagales de escasa educación).
Dicho lo anterior, sobre los dos últimos editoriales, apreciamos, entre varios, el criterio de un buen abogado constitucionalista: “Buenos días señor presidente, he leído con atención su editorial y como en muy pocas oportunidades no estoy de acuerdo con el mismo le explico las razones: Esa elección que se hizo de la Junta Directiva en Propiedad de LR no fue votada por 65 diputados propietarios, los suplentes no pueden votar sino hasta que ya está instalada la Junta Directiva en Propiedad”. (Refiere además la juramentación en el estadio Nacional tomada por una juez de Sentencia). Esa Junta Directiva no goza de la legalidad, aunque algunos chuscos dicen que sí goza de la legitimidad, conceptos raros que se han inventado a raíz de esta crisis, porque vivimos en el Estado de Derecho no en el Estado de la legitimidad. “La doctrina constitucional dice que lo que es legal es legítimo y no viceversa”. El artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso –artículo 60– “prohíbe votar a los suplentes antes de ser incorporados por el presidente en propiedad”. (Fin de la opinión y, por supuesto, son buenos argumentos). Sin embargo, no dice la Constitución que tengan que ser propietarios. Dice, miembros. “Artículo 192. Para la instalación del Congreso Nacional y la celebración de sus sesiones será suficiente la mitad más uno de sus miembros”.
Y el 197 impide romper el quorum. ¿Cuál es la forma de evitar el rompimiento del quorum? Instalar la sesión, proceder a la elección en esa fecha, el 23 de enero tal como manda la Constitución, y no en otra distinta, para no dar combustible al quebrantamiento del Estado de Derecho. Obvio, a falta de propietarios, si la Constitución habla de miembros, integrando suplentes. El interés superior es que no pueda romperse el quorum ya que de lo contrario devienen circunstancias insospechadas que bien pudiesen destartalar el andamiaje jurídico institucional, como ya ilustramos en anteriores escritos. El Congreso anterior –vaya ironía– en sus últimos decretos legisló la incorporación automática de todos los suplentes. También discrepamos en lo que respecta a los términos legitimidad y legalidad. Son conceptos que a veces reciprocan y a veces no. Por supuesto lo legítimo puede ser legal y lo legal puede ser legítimo. Pero no necesariamente. “Lo legítimo se simboliza con lo que se alcanza con justicia, lo que se merece, lo legal en cambio puede simbolizarse con un sello oficial”. “Lo legítimo, además, implica seguir un camino correcto, justo, auténtico, moral y ético”. (Un ejemplo. Hay gobiernos que aun constituidos en legal forma, con el tiempo, por sus acciones, por sus comportamientos van ocasionando descontento universal y sufriendo del rechazo popular. Llega un punto hasta de desvergüenza cuando el repudio colectivo se manifiesta en irrespeto a la autoridad. Carece de poder de convocatoria entre sectores importantes del conglomerado. No hay duda que no han perdido legalidad, pero sí legitimidad. La legitimidad en la democracia la otorga, entre otros factores, la voluntad del soberano. De allí inferimos, lo que, a nuestro juicio, es corolario de lo anterior. El poder no se arrebata, se gana en las urnas. Y sí, no desconocemos que en todo este proceso mediaron irregularidades. No todo es defendible. Hubo errores de forma como de fondo. Pero en estos ariscos parajes tropicales, –acostumbrados a la trampa, a la irreverencia de las leyes y al manoseo de la Constitución– se procura salvar el bien superior. (El Sisimite confía que solución a cualquier cosa tiene que haber, solo que hay que esperar que haya sosiego para darla).
