Toda constitución es hecha por y para el poder

Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo hondureño)

Por tradición, las leyes que se prescriben en una constitución responden a los intereses de un grupo oligárquico que se parapeta detrás de los partidos y los gobiernos. Esa ha sido una de las grandes ventajas del bipartidismo, asegurar que los dos partidos, a pesar de sus diferencias doctrinarias, procuren mantener la solidez del sistema corporativo. No hay nada de subversivo en estas palabras: en todos lados del mundo ocurre lo mismo. Las leyes están hechas por hombres y mujeres que reciben instrucciones del llamado “poder invisible” al que aludía Norberto Bobbio, es decir, de los sectores oligárquicos que conforman, empresarios de alcurnia, terratenientes y algunos grupos de la alta burguesía. Por tal razón, uno tiene que colocarse en el contexto histórico de una nación para entender el contenido de las cartas magnas.

Los políticos de carrera son impuestos en cabildos cerrados, situados lejos de los cuarteles generales de los partidos. No se trata de ninguna selección meritocrática, sino de un marcado interés por garantizar el control de las instituciones claves del estado. Lo que importa es la fidelidad del candidato, no su hoja de vida. En todo caso, no podrá negarse a tan alta distinción, pues con ello habrá asegurado su futuro, mientras el grupúsculo oligárquico habrá ganado una pieza clave en el engranaje del poder. De esta manera llegan hombres y mujeres a los diferentes órganos del cuerpo estatal, que, una vez puestos en el volante de las instituciones, se verán obligados a seguir, no las líneas de los partidos, sino las indicaciones de aquellas fuerzas foráneas a las que aludíamos anteriormente. No se sabe si esto es dañino o no para la democracia, aunque la literatura de izquierda normalmente asegura que sí lo es. Es natural: se puja para contribuir a descalabrar el sistema político y económico imperante, sustituyéndolo por otro que responda, según dicta el discurso antisistema, “a los intereses de las mayorías”. Pero nadie ha visto los frutos de esos proyectos populares, no al menos en Cuba ni en Venezuela.

La emisión, desarticulación e imposición de leyes provenientes de un gobierno de izquierdas, como en el caso de Libre, que pretende cambiar la tradición bajo el esquema de la refundación, responde a estos designios de sustituir un poder por otro, abanderando consignas que arguyen una supuesta inclusión de los grupos que normalmente no han sido atendidos por el sistema. La táctica primera de los partidos y gobiernos de izquierda, después de conformar sus “cuadros” predilectos, es estructurar una constitución que refleje no solo los intereses de una nueva oligarquía, sino también que asegure la prolongación del partido en el poder, imitando burdamente la costumbre bipartidista. Es decir, la intención sigue siendo la misma, solo cambia el discurso que resulta más elaborado, más almibarado y de fácil adopción por las clases medias y los más pobres.

La realidad social y política de una sociedad es un escenario donde se libra una encarnizada lucha por asegurar el poder y prolongarlo -si fuera posible-, por toda la eternidad, es decir, nadie piensa en los plazos ni en los límites. Cada acción de un gobierno cuyo partido que lo llevó al poder maneje un discurso antitradición, habrá de desencadenar diferentes reacciones dependiendo de la estocada asestada a los grupos oligárquicos.

Cada acción de Libre en el Legislativo, que genere incomodidades en los grupos de poder, tendrá una respuesta en el escenario shakesperiano de la realidad. Luego tendrán que medirse en un pulso. Se trata de una pugna entre los sectores tradicionales y los “newcomers” del gobierno. Libre está tratando de imponer su agenda a un costo no previsto ni por sus dirigentes, mientras las fuerzas opositoras observan con inquietud desde la otra orilla. Si los ideólogos de Libre pretenden cambiar radicalmente las reglas del juego tendrán que pensarlo bien ¡y dos veces! porque, como bien nos decían los clásicos de la política, de algún lugar surgirán los cercos puestos al poder autoritario. A menos que todos los sectores estén conformes.