Sergio Coello, Ministro de Transparencia: “Necesitamos recobrar la credibilidad del servidor público”

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20 de abril de 2024
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12:57 am
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Sergio Coello, Ministro de Transparencia: “Necesitamos recobrar la credibilidad del servidor público”

La quiebra y decadencia del Estado de Derecho durante los 12 años nacionalistas no tiene paralelismo en la historia política reciente del país, dice el recién nombrado secretario de Transparencia, Sergio Coello. Asume el cargo en un momento que mucha gente, guardando el mismo paralelismo de la anterior administración, exige cuentas al gobierno de turno porque, en lugar de nuevos resultados, después de casi dos años y medio, lo que mira es más de lo mismo, comenzando con este ministerio, ahora, a su cargo. Discreto, sin ínfulas de grandeza y alejado de las cámaras, este abogado de 39 años ha liderado procesos interventores como las burocráticas transferencias municipales, la secretísima “Tasa de Seguridad” y el politizado Servicio Civil. De todo ello habla en esta entrevista, asegurando que, contra todo lo que digan sus detractores, la gestión de la Presidenta Castro será recordada como la más transparente y sin ningún acto de corrupción. Lo firma, dice.

–Solo “papas” calientes le tiran… ¿Cómo asimila este nuevo cargo?
Con mucha responsabilidad y humildad. Es un nuevo reto, sobre todo, porque la administración pública debe garantizarle a la ciudadanía la transparencia de los actos de sus servidores públicos desde un motorista hasta un ministro.

–¿Cuál fue su aporte como viceministro de Gobernación?
Durante nuestra gestión, con el apoyo del ministro Tomás Vaquero, nos enfocamos en la simplificación administrativa para que los 298 alcaldes, que liquidaran conforme a ley, tuvieran sus transferencias al día y sin discriminación por colores políticos.

–También estuvo como interventor del Servicio Civil, ¿cómo quedó este proceso?
Estuvimos liderando por un breve tiempo la comisión interventora del Servicio Civil tratando de ordenar conforme al reglamento, los manuales de puestos y salarios en la administración pública. Está claro que necesita una reestructuración en virtud del desorden heredado con más de 13 mil nombramientos en el último mes del gobierno pasado, que no cumplían los requisitos. Para mencionarle un caso, un motorista que nunca había tenido licencia de conducir, estaba nombrado en la Secretaría de Salud.

–¿Cuál fue la recomendación?
Actualmente, el director general, el doctor Russel Garay, está modernizando la ahora Agencia de Servicio Civil, se han implementado nuevos instrumentos jurídicos para poder acortar los procesos de selección y contratación del personal.

Con la nueva ley, se crea la Escuela de Administración Pública para profesionalizar en sus competencias desde el aseador hasta el gerente o el ministro.

–Igualmente, le encomendaron revisar la Tasa de Seguridad, ¿cuál es la situación de este fideicomiso?
En los ocho meses que estuvimos, logramos poner orden, se realizaron auditorías para identificar contratos lesivos al gobierno. Recuerde que todos los fideicomisos fueron derogados, pero, lastimosamente, el Estado está endeudado hasta el 2030 con la Tasa de Seguridad, la ciudadanía sigue pagando las malas decisiones y la corrupción del gobierno anterior en el manejo de este fideicomiso.

–¿Se mantiene el mismo esquema de recaudación?
Ahora, los recursos se dirigen a la Caja Única, pero esos recursos solo son para pagar deudas. Los órganos competentes tienen la documentación y ellos deberán judicializar los casos, como contratos que no fueron celebrados con procesos legales, los altos intereses que se pagaban en las instituciones financieras, construcciones que no existían y un sinfín de actos denunciados en su momento.

–¿En qué está abocado en este nuevo cargo?
Estamos trabajando en la nueva Ley de Contratación del Estado, en la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en la Política de Gobierno Abierto, y el sistema de la Línea 130, que se estará oficializando en los próximos días, para recepcionar las denuncias de la ciudadanía, como funciona el 911 pero esta línea es solo para denuncias de corrupción y el lanzamiento del Observatorio de Transparencia.

–¿Cuál es la novedad de esa Ley de Contratación?
Esta nueva ley tiene como pilares la eficiencia, transparencia, inclusión, simplifica los procesos de contratación del Estado. Se implementa un nuevo registro de proveedores en el que aquellos que no cumplan van a pasar a una lista negra, por decirlo así. De la misma forma, una nueva plataforma que tendrá conexión con las secretarías de Estado para estar midiendo la eficacia en las compras del Estado.

–¿Cuáles han sido los avances en la lucha contra la corrupción?
Hay avances significativos, como le decía, la cancelación de los fideicomisos, la derogación de la Ley de Secretos, implementación del Índice de Transparencia, estamos por aprobar la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y una nueva Ley de Contratación del Estado, la cual tiene como objetivo principal la eficiencia, transparencia e inclusión en las adquisiciones del Estado, necesitamos recobrar la confianza y la credibilidad del servidor público.

¿Qué es la transparencia para usted?
Hablar de transparencia representa un modelo de gobernanza, que persigue la excelencia en la administración pública, esto implica ser completamente abiertos con la ciudadanía, acceso a la información y sobre todo, trasparencia es la esencia de la publicación y promoción de cada una de las actividades de las instituciones del Estado, reconstruir el Estado de Derecho, fragmentado desde el 28 de junio de 2009 y consolidar los procedimientos administrativos, que también se fragmentaron con fideicomisos que obviaban la transparencia.

–¿Volveremos a la Cuenta del Milenio?
Se están implementando las políticas y algunas recomendaciones que se han hecho, este año estaremos listos para volver. Fueron 12 años de corrupción, como le decía, dilapidaron la administración pública y no ha sido fácil reconstruir todos estos procesos.

–¿Qué opinión tiene de estos informes de oenegés como ASJ en contra del gobierno?
Nos llaman la atención que en 12 años no se pronunciaron, sobre todo, cuando el Estado de Derecho estaba siendo fraccionado, sino que se sumaron en alianzas estratégicas, como veedores. Tampoco dijeron nada de algunos proyectos fallidos en los que, se suponía, ejercían veeduría, ni dijeron nada sobre Ley de Secretos, el Fondo Departamental, sin embargo, a pesar que todas esas leyes fueron derogadas, siguen culpando al gobierno, en lugar de sumarse en la agenda refundacional del gobierno.

–¿Cómo están los portales de transparencia?
Se está trabajando con el IAIP y en los próximos días estaremos firmando un convenio de asistencia técnica para dinamizar los portales de transparencia en cada una de las oficinas del gobierno.

–¿Puede la gente acceder a la información pública cuando lo desee?
Categóricamente, no debemos obviar que la actual de Ley Acceso a la Información Pública fue aprobada por el gobierno del presidente Manuel Zelaya en uno de los primeros actos al tomar posesión en 2006. Y en este gobierno, si hay algo que se garantiza, es la transparencia en los actos administrativos de cada funcionario.

–¿Sigue existiendo la partida confidencial de la Presidencia de la República ?
En la administración de la Presidenta, Xiomara Castro, no existen partidas confidenciales, eso quedó en la historia.

–¿Viene CICIH o es historia también?
Se continúa trabajando en la Carta de Entendimiento, siguiendo las recomendaciones y pendiente de aprobar algunas reformas legislativas. Es un compromiso de la Presidenta y en los próximos días se estará instalando.

–¿Puede asegurar que no hay un acto de corrupción en este gobierno?
Mire, la corrupción es cultural en este país, como llegar tarde al trabajo o robarse un medicamento de un hospital, pero podemos decir de una forma categórica que, hasta el momento, no existe un acto de corrupción que haya salido a la luz pública y en el momento que salga se hará el traslado a los órganos competentes para que sean procesados.

ÉL ES…
Sergio Vladimir Coello Díaz nació en Tegucigalpa el 11 de mayo de 1985. Hizo estudios primarios y secundarios en Instituto San Francisco y se graduó de Licenciado en Derecho en la Universidad José Cecilio del Valle. Posee una maestría en Derecho Empresarial en UNITEC y diplomados en el Instituto tecnológico de Monterrey. Antes de ingresar al servicio público, laboró en el Bufete Maldonado y Asociados. Comenzó como viceministro de Gobernación y ahora es ministro de Transparencia.

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