Por Rafael Jerez Moreno
Cada vez que un alto funcionario del Estado asume el ejercicio de un cargo público, la Constitución de la República manda, en su artículo 322, que la persona en cuestión debe recitar la promesa de ley que dice: “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Con el paso de los años y el afianzamiento de la clase política tradicional, la promesa de ley se quedó en eso, una eterna promesa.
En política se conoce muy bien quiénes son los honestos y los “pícaros”, especialmente en un país en el que un buen número de ellos han permanecido en el ojo del huracán durante décadas. La baja calidad de políticos que hemos tenido históricamente ha generado que, la concepción de la función pública, entendida como la confianza entregada por el soberano a una persona, para cumplir con una promesa y sobreponer el interés general sobre el particular en la toma de decisiones, no trascienda de los textos doctrinales en las aulas universitarias.
Nos hemos acostumbrado tanto a los resultados incipientes en la gestión pública nacional y local, que cuando llega un político que adorna la ciudad con un poco de concreto creemos que es la estrella que habíamos estado esperando. “Robó, pero hizo”.
Un político puede tener cualidades admirables, pero cuando hace uso de su cargo para subvertir la esencia de la función pública, violando la ley, y en muchos casos drenando fondos públicos para beneficios personales, no debe ser considerado un error, sino un acto de corrupción. Nunca habrá un líder perfecto, podrá tener ciertas posiciones erróneas y tomar decisiones desacertadas, pero le faltaríamos el respeto a la ciudadanía y a los pocos buenos políticos, si se trata de justificar la conducta de una persona con eufemismos, a lo que indiscutiblemente debe llamarse como un delito.
Por uno y otro lado se ha dicho que los seres humanos no somos quiénes para juzgar a otra persona. Aquellos que hacen uso de su libertad de religión expresan que solamente la justicia divina puede hacerse cargo de los actos de una persona. ¿Dónde dejamos la función de los órganos jurisdiccionales del país? Juzgar y ejecutar lo juzgado. Función que ha sido opacada por un buen número de magistrados y jueces a los que la toga les ha quedado grande o que se les ha pintado de un color u otro, forzando la balanza de la justicia hacia el lado de los intereses particulares. Con sus excepciones, por supuesto.
Errores. Para aquellos que han gozado de privilegios como vivienda, salud, educación y alimentación, entre otros, se les olvida que la corrupción mata, y que el “error” del político termina siendo la pobreza e inseguridad de los más vulnerables. Escribo estas palabras mientras recuerdo a las personas que contribuyeron positivamente en la sociedad sin haber entrado en el mundo de la corrupción o el narcotráfico, y que dieron su vida por causas justas como la defensa de los derechos humanos. A quienes la justica hondureña nunca honró, y que no gozaron del reconocimiento de la clase política o de los de cuello blanco.
Debemos aspirar al ideal político de hacer, sin robar, y cumplir con el deber. Si se le deja todo el trabajo a la justicia divina, tendríamos que replantearnos la sobrevivencia del sistema democrático, siendo aquel, entre otras cosas, en el que el corrupto pague su pena (en Honduras), porque la ley así lo manda, y porque así es la justicia.
Twitter: @RafaJerezHn