El gobierno del presidente Donald Trump ha finalizado un acuerdo con Honduras que permitiría que algunas personas que desean obtener asilo en Estados Unidos, sean enviadas al país centroamericano.
El convenio es similar a uno concertado con Guatemala y forma parte de las acciones del gobierno para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur, dificultándoles ingresar a Estados Unidos con una solicitud de asilo.
El texto del acuerdo fue dado a conocer ayer, un día antes de que sea publicado en el Federal Register -el diario oficial del gobierno de Estados Unidos- y entre en vigor.
Por el momento, el nuevo acuerdo parecería innecesario debido a que Estados Unidos está expulsando con celeridad a la mayoría de las personas que encuentra en su frontera con México, en conformidad con el decreto de emergencia de salud pública promulgado el mes pasado por Trump, en respuesta a la pandemia de coronavirus. Ese decreto fue renovado por 30 días y expira el próximo mes.
Los detractores aseguran que el nuevo convenio y el anterior con Guatemala, impugnado en los tribunales, representan un retroceso de Estados Unidos respecto a sus obligaciones conforme al derecho internacional de brindar protección a las personas que desean refugiarse de persecuciones.
Ni Honduras ni Guatemala tienen la capacidad para recibir y reubicar a refugiados, por lo que a fin de cuentas la gente probablemente regresará a enfrentar el peligro del que había huido en sus países, dijo la estadounidense Yael Schacher, activista de la organización Refugees International.
“Estados Unidos está regresando indirectamente a personas a enfrentar persecución”, afirmó Schacher.
Según el acuerdo alcanzado el año pasado, Estados Unidos envía a solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala.
Se desconoce cómo funcionaría el nuevo convenio. Ni la versión dada a conocer por Washington ni la difundida antes por el gobierno hondureño, dicen específicamente quién podría ser enviado a Honduras.
Sin embargo, las autoridades afirman que el gobierno de Honduras había aceptado recibir a solicitantes de asilo de Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Brasil.
El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no respondieron a preguntas sobre el acuerdo.
El convenio fue dado a conocer el mismo día que fiscales federales en Nueva York anunciaron que el exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue acusado en esa ciudad de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Schacher y otros defensores de los inmigrantes dijeron que ese punto demuestra que el conflictivo país centroamericano está mal preparado para recibir a personas que huyen de persecuciones en otras partes del mundo.
“Honduras ha fracasado miserablemente en proteger las vidas y los derechos humanos de sus propios ciudadanos”, dijo Eleanor Hacer, directora del programa Protección a Refugiados en la organización Humans Rights First. “Sencillamente no hay una razón verosímil para creer que Honduras protegerá a los refugiados que desean obtener asilo y provienen de otros países”.
Con el desvío de los solicitantes de asilo, el gobierno de Trump confía en desalentar lo que considera un incentivo a la inmigración ilegal.
Según el Centro de Información de Acceso a los Archivos Transaccionales de la Universidad de Syracuse, jueces federales de inmigración resolvieron 67,406 casos de asilo durante el año fiscal 2019, una cantidad sin precedentes y casi 2.5 veces más que hace cinco años. La mayoría de quienes llegaron el año pasado a la frontera suroccidental provenían de países del Triángulo Norte de Centroamérica, a decir Guatemala, Honduras y El Salvador.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y otros funcionarios aseguran que un número menor de personas efectuarán la peligrosa travesía hacia Estados Unidos si pueden obtener asilo en otras naciones de la región. (AP)
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