La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) y la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia (DNII) iniciaron en las últimas horas diligencias para determinar la responsabilidad penal en contra nueve propietarios de farmacias, supermercados y ferreterías, entre otros en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Lo anterior, por comercializar productos de higienización para prevenir la pandemia COVID-19 con valores superiores a los establecido en el Acuerdo Ministerial 030-2020.
Todos estos casos inician en una fase de investigación por suponerlos responsables del delito de acaparamiento en perjuicio de la población del Estado de Honduras y los derechos de los consumidores
De acuerdo a La Ley de Protección al Consumidor en su artículo 95 refiere que se sancionará a la privación de libertad de uno a cinco años en los casos que “acapare o especule con bienes esenciales para el consumo o la salud, con el propósito de desabastecer o provocar el alza de su precio”.
Cabe destacar, que la Fiscalía del Consumidor de Tegucigalpa ha ejecutado desde que inició la crisis epidemiológica del Coronavirus, 140 inspecciones; entre las cuales 15 comercios han sido citados para iniciar procesos administrativos por parte de las autoridades correspondientes; ahora se analiza la vía penal.
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