Por: Juan Ramón Martínez
I
El miércoles 15 de agosto de 1990, un grupo de guerrilleros, -infiltrados por las Fuerzas Armadas- asaltó la agencia de BANCASA de la Escuela Agrícola Panamericana. Aunque estaba programado para las 10:05 am, por nerviosismo, lo adelantaron a las 9:45 am. La policía y el ejército enterado que se iba ejecutar el acto delictivo, enfrentó a los asaltantes. Eran 10 los asaltantes. Se produjo un sangriento enfrentamiento que dejó un civil, 9 “guerrilleros” (llamados así por Rolando Canizales Vigil y confirmados por fuentes policiales) muertos, cinco agentes de seguridad y un miembro de las Fuerzas Especiales. 15 muertos. Este último, el mayor Banegas Vélez, estaba posiblemente en el área, supuestamente supervisando o curioseando. De los 10 guerrilleros, sobrevivió el infiltrado de la Policía. Con tales resultados, fue considerado por los medios de comunicación social y por los observadores, como “el más sangriento asalto bancario en la historia de Honduras (Diario Tiempo, 16 de agosto de 1990). La operación ha quedado para la historia, atribuida a una acción político militar ejecutada por el MPL-C (Movimiento Popular de Liberación, Cinchoneros) que, a partir del fracaso de la misma, inicio una etapa de descomposición que “tendría como efecto la sucesión de hechos calificados por el entrevistado (Germán Meraz) como vergonzosos, que dejaron mal parado al MPL-C ante la población hondureña”. Dice Rolando Canizales que, las rencillas personales entre los dirigentes adquirieron tintes extremadamente violentos. Muestra de ello es que el 26 de mayo de 1991, Roger Eludín Gutiérrez Rosales, uno de los dirigentes del MPL-C es tiroteado y gravemente herido en San Pedro Sula por guerrilleros, supuestamente pertenecientes a una facción contraria del MPL-C. Gutiérrez había regresado del exilio (en Cuba) y había aceptado las condiciones de paz impuestas por el gobierno de Callejas”. Canizales se equivoca al aceptar la opinión de Mario Berríos. No hubo tal imposición, sino que aplicación de los “Acuerdos de Esquipulas”, en favor de la paz de Centroamérica. Roger Eludín Gutiérrez Rosales, nacido en Olanchito, Yoro, murió víctima de un cáncer, el 11 de noviembre recién pasado, en Mérida, Venezuela, en donde residía, exiliado, desde hacía muchos años.
II
El 10 de enero de 1983 la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH) obtuvo su personería jurídica. Es considerada la logia corporativa más importante de la historia de Honduras. Los miembros directivos de esta organización eran el jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez (presidente), el empresario Miguel Facussé Barjun, (vicepresidente) abogado Osvaldo Ramos Soto (secretario), Bernard Casanova (tesorero), el empresario de las comunicaciones José Rafael Ferrari (presidente de divisiones), Paul Vinelli, secretario de Finanzas, Rafael Leonardo Callejas (desarrollo económico) Osman Maduro (asuntos educativos) y los vocales Roy Smith, Emín Abufele, Rafael Valle, Francisco Guerrero, Marcial Solís, Andrés Víctor Artiles, Matilde Manueles, Juan Marinakys, Aquiles Izaguirre, Eduardo Aragón, Armando Erazo, Emilio Larach, Armando Fuentes, Ángel Martínez Reyes, Rafael Cruz López, Israel Rodríguez y Adán Benítez. “Fue un organismo que estaba encima del Estado y de todo control democrático, elaboraba propuestas de nuevas leyes y recomendaciones en materia de política exterior” (Steven Dudley, Elites y Crimen Organizado en Honduras). Con la caída de Álvarez Martínez de su cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, APROH se murió de inanición, al grado que, posiblemente su creación legal sigue vigente, porque a nadie se le ocurrió disolverla y liquidarla. Por pena, desidia u oportunismo.
III
En vista de los acontecimientos ocurridos en San Salvador el 5 de noviembre de 1811, el 13 y el 26 de diciembre de 1811, “se verifico una sublevación semejante en la ciudad de León, villa de Nicaragua y otros pueblos de la provincia del mismo nombre, pero quedó reducida como la de San Salvador, a algunos tumultos populares y a la deposición del Intendente, que lo era entonces el brigadier don José Salvador. Las insurrecciones de San Salvador y León impulsaron la de Granada, que es una de las ciudades más considerables de esta última provincia. El 22 de diciembre del mismo año, el pueblo granadino, reunido en las casas consistoriales, pidió enérgicamente la deposición de todos los empleados españoles; intimidados estos hicieron sus renuncias y emigraron a Masaya. El 8 de enero del siguiente año, los granadinos se apoderaron por sorpresa del fuerte de San Carlos y pusieron presos a los jefes europeos. No por esto se mantuvieron disidentes de su capital, antes bien reconocieron a la Junta Gubernativa que allí se instaló después que se sosegaron los tumultos populares; y aún determinaron mandar dos diputados que los representara en la misma Junta, asimismo reconocieron, como gobernador intendente, al obispo Fray Nicolás García Jerez, a quien obedecieron en todo, menos en aquellas medidas en que creyeron encontrar tendencia a favorecer a los empleados españoles. Este fue el origen de la guerra que se le hizo a Granada” (Alejandro Marure, Bosquejo Histórico de las revoluciones de Centroamérica, Tomo I, página 92).
IV
El 4 de diciembre de 1972, 18 meses después de haber dejado la titularidad del Ejecutivo, Osvaldo López Arellano, jefe de las Fuerzas Armadas, derrocó al presidente constitucional, Ramón Ernesto Cruz. Según, Alexis Oliva, “la razón principal aludida por las Fuerzas Armadas para el derrocamiento del abogado don Ramón Ernesto Cruz fue el fracaso del pacto político promovido por el general López Arellano antes de la campaña de 1971. Se trataba (el Pacto de Unidad, de los dos partidos políticos. Liberal y Nacional, que repartieron el gobierno, para cogobernar) de un esfuerzo para unificar al país por medio de un acuerdo para compartir el poder entre los dos partidos políticos, los nacionalistas y los liberales. Pero pronto surgieron fricciones entre los dos bandos después de tomar posesión el aboga Ramón Cruz, firmaron un segundo acuerdo, detallando las obligaciones y privilegios de cada partido. Cruz rechazó este segundo pacto y alegó que no le comprometía legalmente. Otra razón que aludieron las Fuerzas Armadas fue la situación caótica en que se encargaba el país. Los rumores de golpe de Estado aumentaron después de la Convención Especial del Partido Nacional el 25 de octubre en que se rehusaron a reconocer en público el segundo acuerdo bipartito (el pactito, se le conoció popularmente) y por lo tanto las noticias del golpe militar fueron recibidas con sorpresa por los hondureños” (Alexis Oliva, Gobernantes Hondureños, siglos XIX y XX, págs., 142 y 143).