El juez de Letras Penal les dicto la medida de detención judicial a los propietarios y encargados de los restaurantes típicos de la Costa acusados por someter a 50 empleados a ser sus esclavos.
Los encausados se llaman María Margarita Flores, Carmen Lorenzo, Martín Rolando Izaguirre y Martín Edgardo Izaguirre, todos ellos fueron remitidos a la cárcel de Siria, y las dos damas a la penitenciaria de mujeres en Támara.
Los delitos por los cuales están siendo acusados son por explotación en condiciones de servidumbre, explotación laboral ilícita y lavado de activos en perjuicio de varias personas y la economía de Honduras.
En el caso de Denis Edgardo Castillo, el juez le dictó medidas distintas a la detención judicial por lo que se podrá defender en libertad por el delito de revelación de secretos en perjuicio de la administración pública.
Es de mencionar que a María Margarita Flores que figura como dueña del restaurante se le acusó por lavado de activos, la Fiscalía y la Policía le decomisaron casi medio millón de lempiras en efectivo.
Se reprogramó la audiencia inicial para el martes 28 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
La explotación laboral fue cometida a unas 50 personas entre adultos y menores de edad, a quienes les daban pírricos sueldos, no gozaban de vacaciones, ni seguro social y los mantenían conviviendo en situaciones infrahumanas, detalla la denuncia.
Para ejecutar esta acción judicial, la Fiscalía realizó allanamientos, rescates de esclavos y aprehensiones en el marco de la operación “Libertad”, en los restaurantes ubicados en Altos de Toncontín, Miraflores y El Hato de Enmedio.
Tras confirmar mediante las investigaciones de la denuncia que fue interpuesta hace aproximadamente tres meses ante la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas de la Fiscalía por una organización no gubernamental que dio a conocer la esclavitud ejercida en varios restaurantes y en viviendas, se procedió a presentar el requerimiento fiscal correspondiente contra cinco personas.
Los resultados mostraron que los ciudadanos explotados son traídos del interior del país aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad haciéndolos trabajar sin respetar el Código de Trabajo (sin Seguro Social ni vacaciones) y pagándoles sueldos miserables.
Además, la investigación reveló que la mayoría de estas personas son obligadas a vivir en condiciones infrahumanas, en cuartos con literas donde tenían que compartir dos personas una misma cama y bajo amenazas.
Asimismo, se descubrió que hubo confabulación con algunas autoridades de la Secretaría del Trabajo, quienes alertaron acerca de las denuncias y se volvieron cómplices de estos delitos.
En un comunicado oficial, la Fiscalía detalla que muchas de estas personas que están siendo explotadas no se dan cuenta de los abusos a los que son sometidos por la necesidad en que se encuentran y el bajo nivel de escolaridad, incluso en muchos casos no se consideran víctimas de estos delitos. (XM)