En Honduras al año se malversan alrededor de 72 mil millones de lempiras, algo así como 3,000 millones de dólares, en corrupción estatal y privada en sectores como infraestructura carretera, energía, licitaciones y contratos. Así lo establecen mediciones nacionales replicadas desde el exterior.
A su vez, el Estado deja de percibir aproximadamente 42 mil millones de lempiras en exoneraciones o sacrificio fiscal que otorga a rubros económicos como la maquila, agroindustria, comercio, iglesias, cuerpo diplomático, generación eléctrica, entre otros.
La suma de lo que pierde por corrupción y exenciones tributarias asciende a 114 mil millones de lempiras, este monto es prácticamente, lo que se tiene presupuestado en recaudaciones totales para el 2022.
A estas dos fuentes adicionales también le apuesta el gobierno que encabezará Xiomara Castro el próximo año, ya que encontrará desafíos para financiar la actividad pública debido al alto endeudamiento, aumento de la burocracia, crisis sanitaria y caída en las recaudaciones.
21 INSTITUCIONES POR SUPRIMIR
Marcio Sierra Discua, miembro de la comisión de transición de Castro, reveló que en un análisis realizado de cara a la toma de posesión el 27 de enero del próximo año, arrojó que, del 2009 al 2020, la burocracia creció de 99, a 120 instituciones, algunas con duplicidad de funciones.
Mientras tanto, el presupuesto se incrementó a 289 mil millones de lempiras, sin que se vea la ejecución de estos fondos en gasto público. Hay muchos comisionados, “ahora todo mundo es ministro”, abundó. Además, en el gobierno actual hay funcionarios con salarios hasta por 320 mil lempiras mensuales.
Citó que antes, en la administración del “Poder Ciudadano”, había una disposición que los burócratas no debían ganar más de 80 mil lempiras al mes. Además, que para encontrar ahorros, se estarían cerrando varias entidades que tienen funciones similares, a modo de ejemplo, comentó que existen fideicomisos administrados por la banca comercial, cosa que debe cambiar y ser manejados por el Estado.
No obstante, la masa laboral que estaba a cargo de la administración y ejecución de estos fideicomisos, sigue recibiendo sus salarios. Citó el caso de Invest-H y una de las ideas es fusionarlas y generar ahorros para financiar este nuevo gobierno.
En lo que respecta a las exoneraciones, el economista del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Obed García, es un tanto optimista y cree que con reducirlas a la mitad bastaría para financiar temas prioritarios como la crisis sanitaria.
INVERSIÓN SOCIAL
“El FOSDEH ha estado insistiendo en la reducción de las exoneraciones fiscales; por ejemplo, en nuestros cálculos una reducción de al menos 50 por ciento, le podría aportar al gobierno un financiamiento adicional de 20 mil millones de lempiras”.
Con tan solo hacerlo a la mitad, el nuevo gobierno se abstendría de endeudar más al país, y de paso, pagar el servicio de la deuda, misma que demandará más de la mitad de los ingresos tributarios del 2022. Bien podrían servir estos fondos para proyectos de salud, educación o salarios, consideró García.
El economista coincide con la comisión de transición, en el sentido que las instituciones que se han ido creando en todos estos años, con duplicidad de funciones, hoy día son una carga para los contribuyentes.
En esta lista de entidades paralelas, se ubica la Secretaría de Transparencia, que no tiene razón de ser si ya existe un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mencionó el economista.
Bajo el mismo prisma dijo que hoy día “tenemos Policía Nacional y Policía Militar de Orden Público: un Instituto de Turismo y una Secretaría de Turismo. Hay un sinfín de duplicidad de funciones”.
Al suprimir las 21 instituciones, el gobierno tendría espacio fiscal, sin tener que aplicar impuestos, pero García advierte que se puede mejorar la recaudación con un sistema tributario más progresivo, es decir, que paguen más las grandes corporaciones o los que reciben mayores ingresos y que no fue la excepción durante la pandemia. (JB)
EJES PRIORITARIOS
1. Generación de empleo en alianza con sectores productivos
2. Reactivación Económica
3. Reperfilamiento de la deuda pública, porque demandará demasiados recursos
4. Política fiscal y combate a la elusión, evasión y contrabando
5. Revisión del Presupuesto
6. Rescate de la ENEE
7. Y combate a la corrupción.
Auditoría forense
Para tener una claridad sobre cómo quedan las finanzas públicas, el economista investigador, Ismael Zepeda, recomienda una auditoría forense para evitar la vieja costumbre de echarle la culpa de todo lo malo al gobierno anterior.
Seguidamente una reingeniería gubernamental que permita llevar a la práctica acertadamente las políticas públicas que se disponga a implementar la nueva administración.
Dadas las complicaciones económicas por factores internos y externos derivados de la crisis política del país y la pandemia, respectivamente, Zepeda también cree que será necesario un recorte del aparato estatal.
“El otro gran reto es el tema burocrático, no podemos tener más de 200 mil empleados y que las instituciones públicas no muestren una mejoría. Ellos han planteado en su plan de gobierno, es la reducción de esos sueldos y salarios exorbitantes”.
“Hay funcionarios que ganan hasta 320 mil lempiras mensuales, como la Banhprovi; 200 mil el Banco Central; 140 mil la del SAR. Con una mejor distribución de salarios, ahí el gobierno ahorraría una gran cantidad de recursos”, planteó Zepeda.
Lo primero es la ENEE
De acuerdo al expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro, la nueva administración deberá atender la problemática de la estatal eléctrica porque es un tema de país.
“Por otra parte, estructurar un plan de desarrollo que atienda el campo y definir una política pública de redistribución de la tierra”. También “la política fiscal con un presupuesto muy complicado porque la deuda se ha convertido en una carga muy pesada”, detalló Guifarro.
El economista coincide con otros expertos en cuanto a que los altos salarios que devengan algunas autoridades del gobierno actual, están fuera de toda la realidad de pobreza que se vive en el país.