Por Oscar Estrada
La policía ecuatoriana irrumpió en la madrugada de este sábado 6 de abril, en la embajada mexicana en Ecuador, para extraer al político Jorge Glas, quien sirvió de vicepresidente bajo los mandatos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Anteriormente Glas fue condenado por los delitos de asociación ilícita en 2017 y cohecho agravado en 2020 en conexión con la trama Odebrecht, por los que fue sentenciado a seis y ocho años de prisión respectivamente. En noviembre de 2022, Glas salió de prisión tras un recurso de hábeas corpus que le otorgó la libertad provisional por cumplimiento parcial de su condena.
La nueva sentencia de Jorge Glas llegó por el caso “Reconstrucción de Manabí,” donde se le encontró culpable de presuntas irregularidades en la asignación de fondos para la reconstrucción tras el terremoto de 2016 en la región de Manabí. La fiscal general enfatizó que los fondos no se utilizaron prioritariamente en proyectos dirigidos a los damnificados del terremoto. Jorge Glas se refugió entonces en la embajada de México argumentando persecución política.
Las autoridades judiciales ecuatorianas sostienen que las acusaciones contra Glas se basan en evidencia sólida y que su situación legal ha sido resuelta de acuerdo con el debido proceso. La fiscalía ha rechazado la noción de que Glas sea un perseguido político. La situación de Glas se complicó aún más con la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de ratificar sus sentencias previas, argumentando que los recursos de hábeas corpus presentados en su favor vulneraron varios principios legales fundamentales. O sea, deberá volver a la cárcel a cumplir la nueva condena y las dos anteriores.
En enero de 2024 los tribunales ecuatorianos corrieron una orden de detención en contra de Glas. El gobierno mexicano decidió otorgarle asilo político. En el comunicado, se señaló que esta medida sería acompañada de la solicitud de un salvoconducto conforme a la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional al cual México y Ecuador son partes.
Ecuador negó la solicitud de México, argumentando que “la concesión de asilo diplomático, en este caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya la evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad”.
Las relaciones entre ambos países ya eran bastante tensas y poco ayudó el presidente López Obrador al sugerir, en la conferencia de prensa, que el asesinato del candidato Villavicencio se cometió para debilitar la posición de la candidata “progresista” y dar así la victoria al actual presidente Noboa.
El derecho a asilo es un principio humanitario que permite a personas perseguidas buscar protección fuera de su país de origen. Este derecho está reconocido en varios instrumentos internacionales. Es crucial para la protección de individuos que enfrentan persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos, entre otros. Las embajadas, bajo el principio de extraterritorialidad, a menudo se convierten en lugares de asilo, brindando un refugio seguro contra la persecución.
En condiciones parecidas se encuentra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien siendo además el candidato presidencial que punteaba en las encuestas, se refugió en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá alegando persecución política. Martinelli, de 71 años, buscó asilo en Nicaragua tras la denegación de su apelación contra una condena por lavado de dinero por la Corte Suprema panameña, lo que le valió una sentencia de 10 años de prisión. Además de enfrentar otras investigaciones penales, Martinelli alegó que existen intentos de asesinato en su contra, por parte del actual presidente y vicepresidente de Panamá.
El Tribunal Electoral de Panamá inhabilitó a Martinelli para las próximas elecciones, dada la prohibición constitucional de que una persona condenada por un delito intencionalmente dirija el país. Martinelli pretendía continuar en la contienda electoral desde la embajada nicaragüense. Daniel Ortega solicitó entonces un salvo conducto para sacar a Martinelli del país y llevarlo a Managua. Panamá rechazó tal petición, citando un acuerdo internacional que prohíbe el asilo a personas procesadas por delitos no políticos.
El gobierno de Honduras extendió un comunicado condenando enérgicamente el incidente en la embajada de México en Ecuador. No es extraño el tono, si recordamos que, en su momento, la presidenta Xiomara Castro y su esposo, Manuel Zelaya, presidente derrocado en 2009, buscaron refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, argumentando ser víctima de una persecución política. Fueron muchas las amenazas del presidente de facto Roberto Micheletti de ingresar a la embajada brasileña y extraer a Manuel Zelaya de allí. Lula da Silva, presidente entonces de Brasil, dejó clara la posición de su gobierno de que cualquier ingreso a su sede diplomática sería considerado un “Actus bellis.”
Queda ahora por ver qué hará el gobierno de México, aparte de romper relaciones diplomáticas con Ecuador. En el cálculo político de Noboa, estaba que era un costo menor el que debía pagar, comparado con el apoyo que seguramente recibirá de la población, de cara al proceso electoral que tiene ya en la mira. La población de nuestros países está ya cansada de la impunidad con que funcionan nuestros políticos. Nicaragua misma es refugio de media docena de políticos corruptos de alto perfil que han huido de sus países escapando la justicia. Por ahora el tono severo de las autoridades mexicanas cuentan con el respaldo popular, pero México también está en medio de un proceso electoral y una crisis profunda, la posibilidad de que el país sirva, además, de refugio para políticos corruptos, podría afectar las posibilidades electorales de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum.
*Óscar Estrada (San Pedro Sula, 1974) es escritor, guionista y periodista hondureño. Autor del libro Tierra de narcos, como las mafi as se apropiaron de Honduras publicado por Grijalbo en 2022.