Consecuencias por violar a la madre de las leyes
¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Consecuencias por violar a la madre de las leyes, Por: Óscar Armando Valladares
“Yo no sé por qué se asustan”, una expresión atribuida a Jorge Reina, puede aplicarse ante el volcán de denuncias por corrupción en la merca millonaria de mascarillas, hospitales móviles por Internet y otros efectos tildados de suma urgencia para frenar el coronavirus, pandemia que por lo visto beneficia y maleficia.
Según lo usual, el más reciente manoseo generó horas de escándalo en medios, empresarios, entes no gubernamentales; inclusive, personeros oficiales hicieron mutis de sorpresa, pero librando de toda culpa al número uno del Ejecutivo, igual a lo acontecido en el régimen de Lobo y el saqueo a los usuarios del Seguro Social, aún en los tribunales.
De estas rapiñas, de otras que se han conocido y de las que están por saberse, deviene esta conclusión: que la corrupción no respeta ni a los vivos ni a los muertos y que quienes viven de ella no cambian, no se arrepienten, así se digan católicos o evangélicos, adoren a la virgen de Suyapa o den la ofrenda del diezmo, recen con Óscar Andrés u oren con Evelio Reyes.
En razón de enfundarse el frac de la impunidad, apuestan por la vigencia del nuevo Código Penal (Venal, pronuncia el chinito), pues les parece que -de darse el caso- podrán salir bien librados, en un estado de derecho derechamente fundido y en una forma de hacer justicia con fuerte dosis discrecional.
Dentro de este ambiente -a cuya sombra agigantada han surgido partidos y empresas de festín y maletín-, se produjo hace unos días el fenómeno electivo de una junta directiva opositora del Congreso Nacional, con la mira de abrogar el código cuestionado y exhibir una mayoría, frágil a decir verdad, ante una bancada nacionalista monolíticamente impositiva en cuyas aguas suelen nadar peces gordos de otras corrientes.
Resulta que a esta directiva efímera y a los diputados concurrentes se les procura enjuiciar por haber usurpado funciones de Oliva y sus parciales, atentado que -alegan- violó artículos expresos del texto constitucional y de la normativa interna del cuerpo legislativo -hecha también a medida de la mesa que él preside-. Para los que olvidan y obran a su conveniencia, vale recordarles que el actual berenjenal no procede del arenal del Sahara: del fango de 2009, del fraude y la reelección que implicó, ciertamente, seducir a la madre de las leyes y pasar por encima del pueblo, del soberano.
Si los parlamentarios sesionaron coyunturalmente en mayoría y asumieron la decisión descrita, y aun así son objeto de revanchas punitivas, ¿puede, en todo caso, medirse con el mismo rasero y apropiada objetividad el grave antecedente continuista y la asamblea episódica de los disidentes? ¿Cómo asesores nacionalistas y doctos constitucionalistas -con rostros de honorables- tasan ambos asuntos como si fueran de idéntica proporción y gravedad?
Bajo estos y otros entredichos, bajo la silenciosa desconfianza de la gente, bajo la denuncia miscelánea de sectores empresariales, políticos, de la sociedad civil y entidades anticorrupción, el Código Penal -que tanto ponderan “temibles abogados con su azul dentellada”, en expresión metafórica que hilvanó Roberto Sosa-, ha cobrado aplicación, sin que sus desesperados patrocinadores hayan considerado las circunstancias en que se hallan inmersos el país y sus habitantes. En las hojas de ese texto -advierten los que han estudiado su articulado- se entremezclan aspectos positivos, penas duras para unos y lenitivas para otros; en perjuicio, por ejemplo, del que protesta y disiente, sujeto al delito tipificado como terrorismo; en tanto, al que mete mano al erario se le alivianan las penas, puede birlar sanciones pecuniarias, retardar acusaciones y embrollar el juicio que se le siga, escenarios estos en los cuales, en lugar de combatir la impunidad, disuadir a los mañosos en servicio y a quienes afilan sus sucias manos, ahondan la desconfianza.
En este nuestro país, de alquilados disimulos, sus malos hijos buscan generalmente mixtificar la realidad dominante, donde la corrupción se ha vuelto un “mal de gobierno”; en cambio, coterráneos de tal especie “son la ley” en desmenuzar complicaciones incumbentes a otros pueblos y gobiernos, con lo que siguen sin tomar conciencia del trance porque pasamos y que, en 2021, el resultado desastroso que se preludia llamará sin excepción a las puertas de todos, máxime si prevalecen las secuelas del virus, se extrema la crispación política y se reedita el amaño electoral. Así las cosas, no permitan los hados que lleguen a materializarse los últimos renglones del Himno patrio: “Serán muchos, Honduras tus…”.
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