Juan Ramón Martínez
La situación de Honduras es el resultado de la actividad política, la operación de los partidos políticos y el comportamiento de los individuos que actúan como líderes políticos; o que, desempeñan tareas políticas. Por ello se puede decir con propiedad que, no hay países atrasados, sino que mal administrados. Es decir que si hay culpables aquí -al margen de los electores, que lo somos- son los políticos que usan el poder para mejorar sus rentas, salir de la pobreza e incapacitar a Honduras para que sea una República, real y verdadera. Lo anterior es, de conocimiento fácil de quienes estudian un poco la historia de Honduras y toman nota de los niveles de ingreso de la población, la capacidad de la nación para proveerse los recursos para su sostenimiento y crecimiento, así como su grado de influencia en la comunidad mundial, por medio de la valoración de su intervención en el comercio mundial y su influencia propositiva en el mundo de la diplomacia. Y, de fácil identificación, de las ideas que han movido a la población a su liderazgo, en el esfuerzo por mantener las cosas inmóviles; o según el caso, buscar algunos cambios.
Pero si esto no fuera suficiente, las declaraciones del diputado Ramírez, que en forma inocente nos dijo que “no es rentable ser diputado” -como si esa fuera la finalidad de la representación popular- porque gasta más de lo que gana, nos viene a confirmar que, aquí seguimos viendo el poder como premio, oportunidad para la utilidad; y no como servicio, entregado al bien común. Y aunque no lo ha podido demostrar fehacientemente,-porque sus “cuentas” parecen hechas por “Garrison”- nos confirma que sus visiones políticas y posiblemente de la mayoría de sus colegas, en vez de ser una esperanza para el país, constituyen una franca amenaza de lo que pueden hacer y hacen las élites políticas “nacionales”. Y la culpa no es suya. Es que la mayoría de los nuevos dirigentes -fuera de los que se han mantenido fieles a Manuel Zelaya desde los tiempos de su primer gobierno- han creído que, esta es una oportunidad para figurar, para obtener posiciones, especialmente por dos razones: una, que el deseo de sacar a JOH del poder era muy fuerte y muy poco exigente en la confiabilidad de los líderes que conducían la campaña en su contra, por lo que los electores no serían escrutadores de las virtudes de los candidatos. Y dos, que era una buena oportunidad, bajo la cauda de la popularidad de Nasralla -que solo exigía pocas cosas entre ellas, popularidad y que, no fueran públicamente corruptos- para que personas de buena fe; pero sin preparación, lograran colarse en el Congreso. Creemos que los médicos fueron los que más aprovecharon la coyuntura, usando el tema de la pandemia, aunque, en la práctica, no estaban capacitados para la actividad legislativa y menos, para el trueque político que caracteriza las alianzas políticas. El mejor ejemplo, es la participación de algunos médicos en la comisión de dictamen sobre la amnistía. Umaña, confirmó que todavía no entiende de qué se trata; y, menos los efectos, prueba de ignorancia de las reglas jurídicas. Buen médico, no hace un buen legislador. Tampoco, abogado, ama de casa, ingeniero o deportista.
Algo adicional. En el caso de Ramírez y Umaña, la relación entre esfuerzo y rentabilidad, por medio de la política, es impropia y abusiva. Se trata de una visión filosófica del poder, orientada por el concepto que el ganador, tiene derecho a ganancias. Contrario al concepto democrático, que ser elegido, más que beneficio es un servicio, un honor, en favor del bien común. Por ello, es que no tenemos en los cargos a los mejores, sino a los agresivos y peleadores por los “premios” de los cargos públicos. El concepto del poder como premio, hunde sus raíces en la historia. En Honduras sabemos que la casi totalidad de las fortunas, se han forjado bajo el sobaco del poder. Y que el principio de este concepto de rentabilidad exigido por el diputado Ramírez, ha echado raíces en el pensamiento popular. De forma que aquí, ni Gabriela Castellanos, preocupada de este tema, se ha ocupado de impulsar una cultura de rechazo a este concepto del poder público como fuente de enriquecimiento y corrupción. Los electores, tampoco.
