Managua, 20 abr (EFE).- El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló este miércoles que en los juicios recientes contra 47 opositores en Nicaragua ocurrieron al menos ocho violaciones a la Constitución Política y 16 a los derechos humanos, así como tres tipos de irregularidades contra los defensores.
En un informe denominado “Juicios nulos: una acción aberrante y cruel del régimen Ortega Murillo”, el Cenidh sostuvo que, tanto los reos como sus defensas, sufrieron violaciones “a la integridad física y moral”, a la “libertad individual y no se respetaron su honra y reputación” ni “la inviolabilidad de su domicilio y sus comunicaciones de todo tipo”.
El organismo, que fue ilegalizado como ONG en diciembre de 2018 y ahora trabaja de forma clandestina, también mencionó faltas al “derecho a la igualdad ante la ley” y al “principio de legalidad”, al “derecho al debido proceso”, así como “prisión arbitraria”.
Sobre las violaciones al debido proceso, el Cenidh citó la presunción de inocencia, el juzgamiento sin dilación, la publicidad y el lugar de los juicios, el derecho a la defensa y a elegir al defensor o su sustituto, disponer el tiempo adecuado para defender, además del principio de igualdad.
“Durante las audiencias de juicio algunos jueces interrumpieron la participación de la defensa y contestaron las preguntas que esta hacía a los testigos propuestos por la Fiscalía, que en su mayoría eran los mismos miembros de la Policía Nacional”, detalló el informe.
Los defensores también se vieron privados de acudir a las audiencias por sus propios medios, pues debían esperar vehículos estatales para ser llevados al lugar de los juicios, donde además “les requisaron los documentos necesarios en el juicio, les quitaron computadoras, celulares, incluso les revisaron el pelo, la ropa, fueron sujetos de revisiones corporales y en ocasiones les pidieron que se quitaran los zapatos y la faja”, agregó.
Por el contrario, “todas las solicitudes de la Fiscalía fueron declaradas con lugar e incluso se impuso exactamente la pena que solicitó la Fiscalía, aun cuando esta no estaba fundamentada, violando evidentemente el principio de igualdad ante la ley”, subrayó la fuente.
Los considerados “presos políticos” recibieron condenas de entre 9 y 13 años de prisión, por delitos considerados traición a la patria o de tipo económicos.
Entre los condenados hay líderes de la oposición, exdiplomáticos nicaragüenses, exguerrilleros sandinistas disidentes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, campesinos, empresarios, periodistas y personas que aspiraban a competir con el presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre pasado, en las que resultó reelegido para un nuevo periodo de cinco años, con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
El Cenidh indicó que hay cinco juicios pendientes, incluyendo los de los dirigentes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, así como tres campesinos del sureste de Nicaragua.
Adicionalmente, hay un juicio en proceso contra el exdiplomático y exsacerdote Edgard Parrales, además de un proceso que nunca inició contra el general en retiro y guerrillero sandinista histórico Hugo Torres, quien falleció en febrero pasado bajo custodia policial, tras ocho meses en prisión. EFE
