Formal procesamiento contra exministro de Copeco Gabriel Rubí

El juez de Letras Penal en Materia de Corrupción en resolución de la audiencia inicial en la causa instruida contra el exministro la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí, acusado por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión.

Asimismo, se dictó la misma determinación a Gustavo Adolfo Cruz Gómez a quienes se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, Arlette Magaly Montero Rodríguez, quien era la Directora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO y el representante legal de la empresa JF Construcciones, Fernando Antonio Sierra, por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, afirmó “que se determinó con la resolución que, con los medios de prueba presentados y evacuados en legal y debida forma, se ha logrado establecer la plena prueba de la existencia de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude y la probabilidad de que cada uno participó en cada uno de ellos”.

“ESTÁBAMOS PREPARADOS”

A su salida del juzgado, el exfuncionario Rubí, manifestó que “hemos escuchado la resolución de la juez, la primera etapa ha sido superada porque, algunas cosas presentadas por la Fiscalía presentan incongruencia con la realidad, seguiremos con el proceso”.

“El Ministerio Público dentro de la audiencia dijo entre bromas, no sé qué papel tengo aquí contra él porque tengo más causas, cada vez que nos llamen aquí, nos vamos a presentar, no hay necesidad de estar mandando ocho patrullas para mi casa”, remarcó.

La acción establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020, solicitaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitió los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en la búsqueda de mejores condiciones de costo y calidad.

La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por cierto por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz, fue quien decidió de manera unilateral qué empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.

Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la obra. (XM)