Por: José Rolando Sarmiento Rosales
A los millones de contagiados y muertos en el mundo por efecto de la COVID-19, la paralización de la economía, los costos multimillonarios para los gobiernos en las atenciones de salud para atenderlos, lograr su recuperación y proteger al resto de la población, se suma un efecto que los especialistas de los entes financieros internacionales califican como un verdadero tsunami, al incrementarse los índices de pobreza, que los esfuerzos realizados por las naciones habían ido logrando controlarlos y rebajarlos. En el caso de nuestro país, Honduras, la situación se agrava peligrosamente, por efecto de los fenómenos meteorológicos Eta e Iota, que han destruido buena parte de la producción agrícola y pecuaria que sustenta la economía nacional con las exportaciones y garantiza la seguridad alimentaria del pueblo hondureño, afectando los ingresos tributarios estatales con los que se sostienen los esfuerzos del sistema de salud para combatir la pandemia, ahora mayormente comprometidos con los trabajos obligados para la reconstrucción en la mayoría del territorio nacional, implicando un elevado incremento de la deuda externa en varios miles de millones de dólares.
El vendaval de la pandemia se ha llevado por delante dos décadas de lucha contra la pobreza extrema, según los economistas del Banco Mundial. Y será un grave retroceso para otras personas que viven con un presupuesto por debajo de los 5.50 dólares (3,200 millones, la mitad de la población del planeta), que también sufren para satisfacer sus necesidades básicas. Pero podrían sumarse unos 500 millones más si la crisis se recrudece, afirma un análisis del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de las Naciones Unidas (UNU-WIDER. “Estamos viendo solo el principio del tsunami”, advierte Olivier De Schutter, relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Retomar los niveles previos a la crisis sanitaria no será sencillo. Se necesita una ingente cantidad de recursos y, sobre todo, que la economía global avance a una velocidad nunca antes vista, de acuerdo con los expertos consultados.
Las metas de la ONU para 2030 (con un 3% de extrema pobreza) son un sueño que se desvanece. Solo se cumplirán si el PIB global crece a una tasa de entre un 8% y un 8.5% anual durante la próxima década, afirma Samuel Freije-Rodríguez, economista especializado en pobreza en el Banco Mundial. “Eso es cinco veces mayor que las tasas históricas experimentadas en África subsahariana”, agrega. La locomotora económica no puede asumir tal velocidad. En 2021, el PIB global repuntará un 5.2%, después de haber caído un 4.4% este año, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante tal emergencia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lanzó en abril un primer grito de ayuda: se necesitan 2.5 billones de dólares, como mínimo, para apoyar a los ciudadanos a salir lo más rápido posible a flote y reforzar los sistemas de salud. “Hay que actuar más allá de evitar el hambre. Hacer que la gente sobreviva es un listón muy bajo. Necesitamos proteger su salud y su sustento para tener una recuperación buena y sostenible, y no dejar la crisis con más desigualdades a largo plazo”, resalta David Laborde, economista sénior del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés).
Hasta el momento, más que rentas mínimas con vocación permanente, hay varios mecanismos de transferencias puntuales dirigidas a los ciudadanos más pobres, de diferente naturaleza y duración. Desde que estalló la pandemia, por ejemplo, unas 200 jurisdicciones en el planeta han lanzado 1,500 medidas de apoyo a la sociedad, un tercio de ellas transferencias de efectivo no contributivas, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT). “En América Latina se han anunciado medidas de transferencias (de dinero) por 84,000 millones de dólares, que están yendo fundamentalmente a apuntalar los ingresos de las familias más pobres”, afirma Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esto podría disminuir el número de pobres que se espera para este año: 231 millones de personas en Latinoamérica, 96 de ellas en extrema carestía, indica la responsable de la institución. “Esperamos que las estimaciones se reduzcan dos o tres puntos porcentuales a finales de año”, agrega. Pero los expertos de la Cepal van más allá y abogan por un verdadero ingreso básico de emergencia unificado para la región, de unos 120 dólares al mes en promedio, para toda la población en dificultad. Esto puede costar un 2% del PIB de toda la zona, si se aplica solo por seis meses. Si se extiende a nueve implicaría un gasto del 3.6% del PIB regional, destaca Bárcena. “Barato no es, pero es muy importante”, subraya.