Decenas de jueces protestaron este martes en El Salvador y exigieron a la Asamblea Legislativa (Parlamento) derogar una reforma legal que cesa a los juzgadores sexagenarios, mientras que en dicho órgano se negaron a recibir el documento con su iniciativa.
“La Asamblea Legislativa ha hecho una embestida a la independencia de poderes (estatales) y ha neutralizado prácticamente a uno de los tres poderes, que es el Judicial”, dijo a la prensa el juez y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sidney Blanco.
Añadió que el Ejecutivo de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa “no quieren tener controles de ninguna naturaleza, quieren atropellar la Constitución, interpretarla de la manera que a ellos les convenga”.
El diputado opositor René Portillo Cuadra denunció que en la oficina de recepción de correspondencia se negaron a recibir la propuesta de derogatoria presentada por los jueces.
El juez Samuel Lizama indicó que, finalmente, “después de múltiples obstáculos irrazonables y gestiones, se nos recibió el escrito que pide derogar decreto de reformas a Ley de Carrera Judicial y restablecer el estado Constitucional”.
La semana pasada, el Congreso, de mayoría oficialista, reformó la Ley de la Carrera Judicial para cesar a los juzgadores sexagenarios con el argumento de depurar el sistema judicial.
Esta justificación, que únicamente restringe las supuestas prácticas corruptas en jueces de 60 años o con carrera de 30 años, fue dada por los diputados del oficialista Nuevas Ideas (NI), pero no está en el decreto aprobado.
El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó el viernes a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.
“Hago un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones y condenar el desmantelamiento de la judicatura de El Salvador por autócratas faltos de memoria histórica, que atropellan los estándares internacionales adoptados por las Naciones Unidas”, publicó en Twitter.
Estados Unidos y Human Rights Watch (HRW) han criticado la decisión, que los jueces afectados buscarán recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La medida no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno. EFE