La diputada Johana Bermúdez calificó como una persecución política los requerimientos presentados ayer por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en contra de cinco diputados del Partido Nacional que habrían sacado al menos 18 millones de lempiras de las arcas del Legislativo para dos ONG.
“El Estado debe cumplir su papel de garantizar el acceso a la justicia a todos, pero también debemos tener bien claro que la justicia no debe tener color político, por lo tanto, no debe convertirse en una cacería de indias, ni en una persecución política, per se”, dijo.
“Debe haber una aplicación de la ley, justa y pareja para todos y que cada ciudadano que ha sido mencionado en cualquier acto o delito se le debe aplicar el debido proceso, todos somos inocentes, mientras no se demuestre lo contrario”, manifestó Bermúdez.
“Si Honduras quiere avanzar en temas de respeto a derechos humanos y aplicación de justicia, tenemos que tener una justicia horizontal o una justicia vertical, inclusiva y sin discriminación.
“Es evidente en este momento la persecución política porque el objetivo número uno parece ser la aniquilación del Partido Nacional”, manifestó.