Adiós 2020
Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
Alguna mente brillante de los dirigentes médicos-administrativos del Hospital de especialidades de La Granja del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa, tomó la decisión letal, ideal para deshacerse de manera definitiva y rápida de más de 300 pacientes con enfermedades renales agudas y crónicas que hoy por hoy consideran una molestia y hasta un gasto innecesario para mantenerlos con vida mediante 3 sesiones de hemodiálisis por semana.
Y la solución letal se las dio la pandemia mundial de COVID-19 que ataca duramente la nación hondureña, donde según las pocas pruebas efectuadas ya arrojan casi 2,000 contagiados, más de un centenar de muertos y casi 200 recuperados.
Resulta que se hacen trabajos para habilitar una sala especial para hemodializar pacientes atacados por el COVID-19, lo cual desde el punto de vista médico y humano, es normal y aceptable y hasta aplaudible, si su ubicación geográfica estuviese lo suficientemente aislada del resto de pacientes no contaminados con este virus y el personal médico y de enfermeras asignado a esos enfermos no tenga contacto con los pacientes no contaminados y esté dotado del equipo biomédico adecuado, el cual hasta ahora brilla por su ausencia.
Sin embargo, la alarma cunde entre los pacientes y familiares que los asisten durante las 3 sesiones de hemodiálisis que reciben, ya que muchos de ellos se mueven en sillas de ruedas y además son amputados e invidentes y requieren de asistencia, movilización y asistencia en caso de emergencia, porque el área escogida hasta hoy para la dialización de los atacados por COVID-19 es en la misma sala de los que aún no están contaminados.
Hasta ahora, personal de mantenimiento hace trabajos de fontanería, mientras la asociación de pacientes renales de Tegucigalpa hacen gestiones y protestan enérgicamente por escrito, respaldando sus peticiones y protestas con la firma como derechohabientes y la de sus familiares, exigiendo que la dialización de pacientes con COVID-19 se haga lejos de la sala normal, donde además y por su propio esfuerzo se han adoptado medidas de descontaminación al ingreso y salida y todos ellos usan mascarilla y practican el aislamiento social, aunque por otra decisión estúpida esperan el llamado para su tratamiento a veces durante varias horas a la intemperie y muy cerca de donde se parquean las ambulancias y la sala de emergencia del hospital, donde continuamente se bajan pacientes con COVID-19 y otras enfermedades infectocontagiosas, por lo que una de las soluciones propuestas es que a los enfermos de COVID-19 se les dialice en el piso o pisos destinados para su sala de aislamiento y atención para lo cual la empresa que alquila el equipo al IHSS debe destinar de 5 a 10 máquinas en exclusiva para dializar a pacientes de COVID-19, sin tener que movilizar los pacientes contaminando todo a su paso en el viaje, desde sus camas hasta el sitio asignado para su dialización.
Otra de las exigencias planteadas se refiere, a que una persona del sexo femenino que atiende la farmacia asignada a los pacientes de hemodiálisis sea retirada de su cargo o por lo menos de su atención al lugar, por su trato soberbio, pedante y ofensivamente malcriado hacia los pacientes que acuden en busca de medicamentos a los que les dice “ustedes joden mucho y no lo dejan a uno ni siquiera ir a mear en paz”, y a otros les ha tirado la ventanilla en la cara, negándose a entregar medicinas porque le toca su hora de almuerzo o faltan algunos minutos para que termine su turno de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Otra exigencia es, que se sancione o se despida de su cargo de administradora de hemodiálisis de San Pedro Sula a Blanca Morales, a la que los pacientes renales acusan de abuso de poder y destrucción de propiedad privada por haber mandado a destruir una cámara de descontaminación que los pacientes enviaron a construir con su propio dinero y que instalaron a la entrada de su sala de tratamiento, para reinstalar ahí una donada, del mismo elemento, que alguien hizo al IHSS sampedrano, es una de las decisiones más absurdas de esta mujer que solo daños ocasiona a la institución que pese a las constantes denuncias en su contra la sostienen en su cargo porque le chupa las medias y les dice lo que quieren oír y no lo que deben escuchar. Esperemos que las gestiones y protestas que ahora se hacen por escrito, no obliguen a los pacientes renales, amenazados por las decisiones letales que podrían llevar a su eliminación humanamente molesta a protestas más radicales.
