Ante la falta de aplicación de la segunda dosis contra la COVID-19 y la extensión por parte del Gobierno de hasta 90 días entre cada dosis, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacó que es responsabilidad del Estado garantizar la segunda dosis.
“Durante el proceso de vacunación contra la COVID-19, el Estado debe asegurar que las decisiones relativas al desarrollo, utilización y distribución de las vacunas respeten los derechos humanos transversales respecto a la dignidad humana, transparencia, igualdad, no discriminación, rendición de cuentas y acceso a la información”, enfatizaron.
Honduras solamente ha aplicado la primera dosis aproximadamente al 7 por ciento de la población elegible y solo el 1 por ciento con la segunda dosis, es importante que toda la información pertinente del proceso sea pública y que se garantice el consentimiento previo, libre e informado sobre la vacunación.
En la quinta entrega del Observatorio Social, también se planteó recomendaciones al Estado de Honduras para asegurar que toma en cuenta los criterios debidos para la aprobación de cambios respecto a la aplicación de vacunas y que garantice el acceso a la información sobre todo lo relacionado al desarrollo, aplicación y efectos de las vacunas.
La directora de investigación de Unitec, Reina Durón, expresó que, “el cumplimiento de los tiempos para la aplicación de la vacuna es vital porque tenemos la aparición de variantes que son más agresivas y contagiosas”.
“Es importante cumplir la vacunación de acuerdo a la evidencia científica y los estudios nos dicen que los periodos de tiempo son entre 21 a 28 días, es decir de tres a cuatro semanas según el tipo de vacuna”.
Es clave que la población contribuya a la lucha contra la COVID-19, vacunándose en el tiempo que le corresponda, informarse por vías confiables para luchar contra la desinformación, motivar a sus comunidades a vacunarse, seguir con las medidas de bioseguridad y exigir procesos justos, equitativos y transparentes.