Por: Edmundo Orellana
Es lo provocado por la compra de los hospitales móviles dentro del gobierno.
Las denuncias de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Directivo de Invest-H, son gravísimas. Reconocen que no participaron en ninguna de las decisiones para dotar a la institución de los mecanismos para atender la pandemia ni en el proceso de adquisición de los hospitales móviles, lo que confirma en su renuncia quien fuera la última directora de Invest-H, al denunciar que le rechazaron los ajustes al POA que, en sesión con el gobernante y algunos de sus ministros, le ordenaron que formulara para adecuarlo a las exigencias de la pandemia y presentarla al Consejo Directivo.
De las denuncias y la renuncia resulta evidente que Invest-H actuó a espaldas del Consejo Directivo pero con el conocimiento de autoridades superiores, extrañas al organismo. En otras palabras, que lo ocurrido fue aprobado por el gobierno, porque, de no ser así, la adquisición jamás se habría hecho. Son muchos los organismos involucrados para comprometer esa enorme cantidad y muy complejos los procedimientos para concretar la operación.
La primera lección que de esto resulta es que la participación de los particulares en esos consejos directivos no tiene importancia, porque no cumplen o no les permiten cumplir sus funciones de control, supervisión y evaluación de la gestión institucional. Son “convidados de piedra”. Lo que adquiere una especial connotación es que si no toman las decisiones adecuadas incurren en responsabilidad, salvo que quede constancia por escrito de que se opusieron y, además, expusieron las causas de su oposición. No son veedores, son miembros del órgano directivo; son, pues, parte del problema no de la solución.
La segunda lección es que no importa la dimensión de la emergencia, las instituciones estatales jamás deben eludir la aplicación de la ley. Actuar a espaldas del Consejo Directivo es una transgresión a la ley, pero de una valoración menor; sin embargo, contravenir la Ley de Contratación del Estado en cuestiones fundamentales, es grave, por las consecuencias en la población, especialmente en medio de la pandemia.
La tercera lección es que los funcionarios deben apegarse a la ley de sus respectivos organismos, sin permitir que el gobierno los obligue a tomar decisiones irrespetando sus competencias e ignorando a sus órganos directivos. Es la estrategia que utiliza el gobierno, que le permite colocarse a distancia de la acción, a la expectativa de los resultados, que si son exitosos, reclama su autoría, si, en cambio, son desastrosos, como es este caso, alegan que desconocen lo actuado y hasta participan en la denostación pública de los ejecutores.
Este caso, sin embargo, se le fue de las manos al gobierno. Las dimensiones del escándalo los tiene confundidos, porque todo indica que el problema se originó en las más altas esferas del gobierno. Esa es la razón de que altos funcionarios del régimen de JOH, salgan públicamente a atacar, descalificando personalmente -como hacen los que no tienen defensa posible- a quienes denuncian la escandalosa adquisición de los hospitales móviles. Lo sorprendente e inédito en la vida constitucional del país, es que el más alto jerarca militar intervenga en la polémica, como si no fuese suficiente la defensa que del gobierno hacen los funcionarios civiles y sin importar el daño que esta intervención provoque en el prestigio de las Fuerzas Armadas, como órgano obediente y no deliberante.
No es Invest-H el que está en el centro del escándalo, es el gobierno, que, evidentemente, promovió la adquisición y aprobó lo actuado hasta que surgió el escándalo. Ahora es que los sospechosos de aprovecharse de la pandemia son “mal nacidos”. “Cosas veredes, amigo Sancho”.
¿Es un escándalo más o será el último? Hasta ahora la responsabilidad de desfacer el entuerto recae en el MP. Sin embargo, los alcances políticos del escándalo son indiscutibles, por las vidas que está cobrando el mal manejo del gobierno para atender la pandemia, agravado por este escándalo que ocurre en un momento en que crecen las sospechas de que hay quienes, aprovechando la pandemia, se están enriqueciendo.
Las circunstancias ofrecen una oportunidad de oro para recobrar el prestigio al MP y a la oposición. Al MP, para proceder contra quienes, con la excusa de que están atendiendo la pandemia, se están enriqueciendo con fraudulentas operaciones; a la oposición, para que levante la bandera de la dignidad nacional herida y acelere los cambios que urgen en la dirección del país.
La corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos, serán las actividades que destacarán los historiadores cuando narren estos dos períodos de JOH a las próximas generaciones, y estas, seguramente, se preguntarán: ¿qué hicieron nuestros ancestros para combatir semejantes barbaridades? Suficiente razón para decir con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
