MEJOR hacer públicos los criterios sobre algunos aspectos del acontecer nacional. Para que nadie hilvane suposiciones. Si a alguien le ayudan, que bueno, si no para eso sirve el cesto de la basura. No hemos sido consultados –ni nadie tiene porqué hacerlo– sobre las reformas electorales que obran en manos de comisiones de dictamen del Legislativo. No tenemos conocimiento de qué consensos hayan o no alcanzado. También, para desde ya ir despejando el terreno del chirivisco, puntualizar que en materia política o en cualquier otro aspecto, la poca influencia que tengamos –algún valor perdurable queda del singular honor conferido al desempeño de la primera magistratura del país–hemos intentado ejercerla en procura que Honduras salga bien librada de sus complejos problemas y peligrosas emboscadas. Así como intercedimos para que hubiese salida democrática y constitucional al caos, cuando el conflicto político por la cosa aquella; y recién en el posterior desencuentro por resultados del último episodio comicial –que produjo serios quebrantos de confianza del sistema– pensamos que la única luz de esperanza a un auditorio desencantado e indignado, sería la construcción de un proceso electoral confiable y transparente.
Para ello era menester darle al país entes electorales solventes y creíbles, como garantía de alternancia en el ejercicio del poder y rumbo de los cambios que la democracia exige y el pueblo reclama. Ya que empezamos a chapiar el monte, nada se pierde con esclarecer otras conjeturas. Ofrecemos consejo –aunque de nada sirva ya que de todas formas no hacen caso– solo a quien acude a nosotros solicitándolo. Con miras a ver la amplitud del bosque no solo del palo que tengamos enfrente. Aclaramos lo anterior para atajar, mejor temprano que tarde, esa equivocada percepción –por malicia, por ignorancia, o ambas, que pudiera primar en algunos– sobre manejo de diputados de alguna bancada o tucos de bancada. Los diputados se manejan solos. Unos, en apego a su interés político circunstancial, otros a un instinto pecuniario, varios a instrucciones que reciben de su partido, y muchos, por supuesto, en atención a sus convicciones personales o morales sobre los asuntos que se deciden en la Cámara. Comencemos, entonces, con las elecciones. Deben verificarse con instrumentos merecedoras de toda confianza. Como mínimo una nueva tarjeta de identidad y un censo electoral, depurado, actualizado y limpio.
El Registro Nacional de las Personas no es un ente político, sino autónomo, de seguridad nacional, con independencia técnica, encargado de la función pública registral y de administrar el sistema de identificación nacional. Tarjeta de identidad no solo se ocupa para votar, sino para tantos otros quehaceres públicos y privados. El ente político, o sea el Consejo Nacional Electoral, es el órgano encargado de la elaboración del censo electoral. En base a los datos registrales actualizados y depurados que el RNP le proporciona. Sobre la cuestión de los listados electorales que supuestamente se entregan en el mes de agosto. Deben realizarse primarias e internas, pero nadie recomienda hacerlas con listados que reflejen los datos actuales, más próximos al censo viejo. Sino sustentado por todo el trabajo de actualización en marcha que se realiza. Se escucha hablar de una interpretación constitucional del artículo 56, pertinente a que “el censo electoral es público, permanente e inalterable”. A saber qué entenderán, o no entenderán, los que quieren interpretación de ese artículo. Cuando cada censo electoral ha sido distinto para cada elección que se realiza, respondiendo a las actualizaciones y modificaciones verificadas hasta el momento de vencimiento de los plazos señalados. Tampoco es cosa que el Legislativo no pueda interpretar. No vamos a entrar a polemizar sobre la interpretación de la norma general que corresponde al Legislativo –si puede lo más, crear, decretar y reformar puede lo menos– y la potestad de interpretar en el caso específico pertinente al poder jurisdiccional. Lo que si estuvo mal fue una reforma obrada en tiempos del recordado maestro de generaciones, para que la interpretación constitucional se decida por simple mayoría, cuando todo lo que toca la Constitución, igual que la reforma, debe hacerse con la dificultad de la mayoría calificada y subsiguiente ratificación. Ya que solo un poder constituyente derivado –y no un órgano de poder constituido– puede tocar el texto de la Constitución de la República. Esa reforma que hicieron, en ese momento, es contraria a toda doctrina de Derecho Constitucional y por lo tanto inconstitucional. En el caso que nos ocupa, la obligación de tener un censo actualizado y fiable, perfectamente puede ser resuelto en la ley. Es cuestión de prorrogar el período para que los listados con los que se vaya a elecciones internas y primarias, ya gocen de la información actualizada y depurada.
