Grandes verdades, verdades a medias y realidades en Costa Rica
Por: José Rolando Sarmiento Rosales
El haberme desempeñado como corresponsal de Radio Impacto de Costa Rica durante la época de los movimientos revolucionarios marxistas armados de Centroamérica y la presencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el gobierno de Nicaragua, sumado a la cobertura para la Emisora HRN, de las audiencias del juicio incoado al gobierno de Honduras en la Corte Interamericana de Justicia, cuya sede es la capital costarricense, la ciudad de San José de Costa Rica, organismo judicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en la ciudad de Washington, me permitió conocer a jóvenes personajes hondureños, uno de ellos el ahora excanciller de la República Milton Jiménez Puerto, quien asistía como testigo en el juicio, y su amigo Arístides Mejía, exministro de Defensa en el gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que asistía como público a las audiencias, allí pude notar que la prensa de Costa Rica no le daba mucha importancia a lo que constituía el primer enjuiciamiento contra un país americano.
A lo largo de los años 80s y 90s, me fui haciendo amigo de varios colegas periodistas ticos y cuando les mostraba los cuatro periódicos de Honduras, LA TRIBUNA y el Heraldo de Tegucigalpa, y La Prensa y Diario Tiempo de San Pedro Sula, se asombraban de las primeras planas y el contenido de las páginas informativas, donde se daba a conocer de todo lo bueno y lo malo de nuestro país, sumado a los cuestionamientos a las políticas de seguridad gubernamentales, que con apoyo de las Fuerzas Armadas, controlaban la situación de seguridad del país amenazada por los frentes guerrilleros armados clandestinos existentes en esa época, cuando se hablaba del incendio revolucionario en el istmo.
De mi parte recuerdo les preguntaba por qué el aterrizaje de una narcoavioneta con 330 kilos de cocaína en una calle de la ciudad de Cartago, unida físicamente con la capital, apenas ocupaba un espacio de tres pulgadas en una página interior de los periódicos, me confesaron que por razones de interés nacional, de proteger la imagen del país por su creciente turismo, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de la Industria Televisiva, los periódicos, acordaron publicar sucesos de esa naturaleza en espacios reducidos, distinto totalmente a lo que ocurre en Honduras, lo que no constituye para ellos una violación a la libertad de prensa e información.
En cuanto a la supresión del Ejército, eso sí es una gran verdad que abona a su prestigio de nación democrática y pacífi ca. En Costa Rica existe la Guardia Civil que ejerce las funciones de policía, la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Tránsito y la Guardia de Asistencia Rural (GAR), con entrenamiento, uniformes y armas automáticas, en cursos impartidos por oficiales ticos y en centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas, que funcionó en Fort Gulick, zona del Canal de Panamá y en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, de ello son testigos los ofi ciales y clases hondureños que asistían a los cursos especializados de Policía Militar, donde siempre participaban los alistados costarricenses en buen número. Como anécdota recordamos un incidente fronterizo en Piedras Blancas en inicio de los años 80s, cuando tropas sandinistas perseguían a grupos de la Contra, que se internaron en Costa rica, siendo repelidos por elementos del GAR, con fusiles M-16, apoyados con ametralladoras calibre 30´ y 50´, Fusiles sin Retroceso 75´, morteros de 81 milímetros y fusiles M-16.
´´La abolición del Ejército de Costa Rica se refiere a la supresión de todas las fuerzas armadas de Costa Rica, llevada a cabo el 1° de diciembre de 1948, tras darse por finalizada la guerra civil de Costa Rica de 1948. El evento en el cual se suprimieron las fuerzas armadas fue llevado a cabo en el antiguo Cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional de Costa Rica, encabezado por el presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer. Desde la abolición del Ejército, el país solamente ha recurrido a fuerzas militares en dos ocasiones: en 1955 para impedir una invasión desde Nicaragua, a cargo de expatriados y con apoyo del gobierno somocista, y en 1965 cuando envió 21 policías como parte de la Fuerza Interamericana de Paz de la Organización de los Estados Americanos, durante la ocupación estadounidense de la República Dominicana´´.
El 11 de octubre de 1948, José Figueres Ferrer, mediante el decreto Nº 749, suprimió el Ejército como institución permanente. En consecuencia, y como indica el documento, “la Junta Fundadora de la Segunda República declara ofi cialmente disuelto el Ejército Nacional, por considerar sufi ciente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía”.
