Óscar Lanza Rosales
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Hasta el momento que escribo estas líneas, la clase política hondureña, principalmente los actuales diputados al Congreso Nacional, han sido incapaces de aprobar las reformas a la Ley Electoral, para que no se repita la crisis política después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, con fatales consecuencias de violencia, paralización económica, y hasta una Navidad de mal gusto, para la sociedad hondureña.
Que Dios les dé raciocinio a nuestros diputados, para cumplir con ese deber, antes que se haga la convocatoria a las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Si lo hacen ¡qué bueno! Pero de todos modos son unos irresponsables, por dejar estos asuntos trascendentales para la democracia del país, para última hora.
Son dos los puntos principales donde no concuerdan los tres principales partidos: Partido Liberal (PL), Libre y el Partido Nacional (PN). En la integración de las mesas electorales, donde el Partido Nacional quería inicialmente que estuvieran representados todos los 14 partidos inscritos -la mayoría de maletín- patrocinados por el mismo partido de gobierno, para hacer fiesta en la compra de credenciales, y manejar a su antojo los resultados de esas mesas, para repetir, como es su costumbre, el gran fraude electoral.
Los partidos de oposición proponen 5 miembros por mesa y los consejos locales y departamentales: los tres mayoritarios de la última elección (PL, PN y Libre) ocupando los puestos de presidente, secretario y escrutador y 2 representantes de los demás partidos, bajo la modalidad de un sistema rotatorio aleatorio. El Partido Nacional está de acuerdo con esta propuesta, pero que sean sus integrantes quienes designen los puestos.
Y el otro punto es sobre la deuda política, que el Partido Nacional quiere que continúe el mismo sistema anterior, que el Estado pague a los partidos de maletín, por lo menos el 15% de lo que perciba el partido ganador, como si viviéramos en un país rico. En 2017, el Estado desembolsó a los partidos pequeños, cerca de 10 millones de lempiras a cada uno, a pesar que solo sacaron entre 3 y 6.5 mil votos, cada uno. Buen negocio para los dueños de esos mini partidos, que apenas pueden cubrir un 5%, de las 18 mil mesas electorales a nivel nacional.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha sugerido que la deuda política se pague conforme a los votos obtenidos y la ciudadanización de las mesas electorales, sugerencias que compartimos muchos hondureños.
De la segunda vuelta ¡olvidémonos! porque hay que hacer reformas constitucionales y ratificarlas en la siguiente legislatura, lo cual, a esta fecha, resultan imposibles de cumplir.
Así mismo, comparto lo que ha expresado la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, que, así como está la situación política en Honduras, es muy probable que se repita en las elecciones generales de este año, la crisis de 2017, por la desconfianza que tiene la gente en las débiles instituciones electorales y en los mismos partidos políticos.
Como los hondureños tenemos memoria corta, vale la pena recordar a nuestra clase política, las autoridades electorales, el gobierno y la sociedad en general, los hechos que se produjeron en el proceso posteleccionario 2017, para que no se repitan en el 2021.
¡Vivimos tantas irregularidades! Demora en proporcionar los resultados. Caída del sistema informático. Cambio de tendencias en los resultados de 5% con que ganaba la Alianza Libre-PINU, hasta que ganó en forma inexplicable JOH con apenas 1.6% de diferencia. Inexplicable para la oposición, Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos), la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su consultor, el doctor en matemáticas de la prestigiada universidad Georgetown, de Estados Unidos, Irfan Nooruddin, al grado que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, pidió que se repitieran las elecciones.
Mientras tanto, en diciembre de 2017 y enero de 2018, vivimos una insurrección popular. Paros, quemas de llantas, postas, casetas, saqueo de negocios, toque de queda y una represión brutal sin respetar los derechos humanos por parte de militares y policías.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe, concluyó que 23 personas (22 civiles y un policía) resultaron muertas en las protestas poselectorales. Se produjeron detenciones masivas y al menos 1,531 personas detenidas por violar el toque de queda.
No hay duda, que JOH ganó con fraude y represión.
Políticos: no queremos que esto se repita. A 200 años de vida republicana, ya deberíamos madurar. Hagan todo lo que tengan que hacer, para que tengamos unas elecciones transparentes, creíbles y en paz.
